La Misión Internacional encargada de investigar lo sucedido determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y persecución por motivos de género.
Por Canal26
Viernes 8 de Marzo de 2024 - 07:08
La ONU alertó que el Gobierno de Irán perpetró crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas que empezaron en septiembre de 2022, a raíz de la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico, en una serie de actos que afectaron mayormente a mujeres, niños y minorías.
Así lo concluyó la Misión Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para esclarecer lo ocurrido durante esos eventos y los meses que siguieron, durante los cuales la represión se hizo más fuerte y generalizada.
Según cifras citadas por el grupo investigador, hasta 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría por disparos.
En su primer informe, que presenta este viernes ante la ONU, la Misión determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.
La muerte de Amini, de 22 años y origen kurdo-iraní, desencadenó una ola de indignación entre las mujeres que salieron a las calles de todo el país en un hecho sin precedentes para reclamar sus derechos.
Sobre el caso de Amini, los expertos determinaron que la causa de su muerte fue la violencia física que sufrió durante su detención, lo que el Gobierno buscó cubrir negando acceso a las evidencias y a la Justicia para la víctima y sus cercanos.
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Sobre la violencia para contener las protestas, el informe indica que las fuerzas de seguridad además de matar causaron lesiones injustificables a los manifestantes, en particular en el área de los ojos, con decenas de mujeres, hombres y niños que quedaron ciegos.
Además, las autoridades estatales torturaban a las víctimas para arrancarles confesiones o humillarlas y se encontraron casos de mujeres y niñas violadas en actos de tanta barbarie que incluían violación en grupo o con un objeto, electrocución de los genitales, desnudez forzada y tocamientos.
La Misión de investigación también descubrió que el Gobierno iraní había ejecutado arbitrariamente a al menos nueve jóvenes entre diciembre de 2022 y enero de 2024, tras juicios sumarios basados en confesiones obtenidas bajo tortura. También se estableció que las autoridades al más alto nivel animaron y justificaron todas estas violaciones de los derechos humanos para apagar las protestas.
Según el expediente, "decenas de personas siguen en peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas", por lo que se le pidió a las autoridades iraníes que ordenen que se detengan estas penas, y la liberación de todos los manifestantes, familiares o personas que expresaron apoyo al movimiento.
Ante la impunidad total que reina en Irán frente a estos hechos, la Misión de la ONU instó a los países de la comunidad internacional que a que apliquen la jurisdicción universal en todos los delitos de lesa humanidad en cuestión, y les solicitó que otorguen protección a los iraníes, a través del estatus de refugiado o visados humanitarios cuando se trate de personas perseguidas en relación a las manifestaciones.
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