Esta legislación fue propuesta por el partido Conservador bajo el liderazgo del ex primer ministro Rishi Sunak. Sin embargo, con la llegada de Keir Starmer, la aprobación de la ley se ha detenido, reflejando un cambio de prioridades en el gobierno.
Por Canal26
Sábado 27 de Julio de 2024 - 16:43
El periodista Diego Atanasof brindó su opinión en Persperctiva Internacional sobre la suspensión de la nueva ley de derechos humanos en el Reino Unido.
En esta nota, reproducimos lo escrito en dicho artículo:
La reciente suspensión de la nueva ley de derechos humanos en el Reino Unido ha generado un amplio debate. Esta legislación, que buscaba reemplazar la normativa actual, fue propuesta por el partido Conservador bajo el liderazgo del ex primer ministro Rishi Sunak. El objetivo principal era proteger a las fuerzas armadas de litigios «sin mérito». Sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro, Keir Starmer, la aprobación de la ley se ha detenido, reflejando un cambio de prioridades en el gobierno.
Una ley que buscaba reemplazar la actual legislación sobre derechos humanos ha sido suspendida en el Reino Unido. Propuesta por el partido Conservador bajo el liderazgo del primer ministro Rishi Sunak, esta normativa tenía como objetivo defender a las fuerzas armadas de litigios considerados «sin mérito». Sin embargo, la aprobación de la ley se demoró y, con la llegada del nuevo primer ministro, Keir Starmer, se reflejó un cambio de prioridades para el gobierno, suspendiendo por el momento su tratamiento y aprobación.
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La ley fue objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de Human Rights Watch, que destacó que la normativa actuaría en contra de las obligaciones internacionales del país, permitiendo abusos de soldados y otorgándoles impunidad. Además, se expresó preocupación por la amnistía condicional para los asesinatos ocurridos durante el conflicto en Irlanda del Norte (Human Rights Watch).
Otra voz crítica fue la de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que argumentó que las disposiciones propuestas debilitarían las protecciones de derechos humanos en el Reino Unido y podrían establecer un precedente restrictivo sobre la búsqueda de justicia por abusos (Consejo de Europa).
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El nuevo primer ministro parece estar tomando un enfoque más cauteloso, posiblemente buscando evitar un conflicto con los organismos de derechos humanos y la opinión pública. Esta decisión de Starmer subraya la importancia de una vigilancia de la sociedad civil sobre los organismos y entidades que ejercen la fuerza, acción que debe desarrollarse a través de la justicia y el poder legislativo, sin que se retire esta posibilidad (The Guardian).
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El anuncio de la suspensión de la ley ha sido bien recibido por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnesty International emitió un comunicado en el que aplaudía la decisión de Starmer, señalando que «es esencial que el Reino Unido mantenga altos estándares en la protección de los derechos humanos y no retroceda en sus compromisos internacionales» (Amnesty International).
El Consejo de Europa también expresó su satisfacción, destacando la necesidad de que las leyes nacionales estén alineadas con las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos (Consejo de Europa).
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Los defensores de la ley argumentaban que era necesaria para proteger a los militares de demandas legales sin fundamento que afectan su moral y capacidad operativa (BBC). Sin embargo, los críticos sostienen que esta protección no debe otorgarse a costa de los derechos humanos y la justicia. La suspensión de la ley abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo equilibrar la defensa nacional con la responsabilidad y la transparencia.
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La suspensión de la ley de derechos humanos propuesta en el Reino Unido marca un momento crucial en el debate sobre derechos humanos y justicia en el país. Con un nuevo liderazgo que parece más inclinado a escuchar las preocupaciones de la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos, queda por ver cómo se desarrollará este tema en el futuro cercano. La vigilancia constante de la sociedad civil y la presión de las organizaciones internacionales serán esenciales para asegurar que cualquier futura legislación no comprometa los estándares de derechos humanos que el Reino Unido ha prometido mantener.
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