Narcotráfico en Rosario: la Justicia Federal que tiene que investigar está casi vacía

Narcotráfico en Rosario.

La Justicia federal que tiene que investigar los delitos de narcotráfico en Rosario tiene 35% de cargos vacantes en la jurisdicción (13 sobre 28), faltan designar 9 jueces y 4 fiscales, además otro 30% de los magistrados que siguen trabajando ya tienen la jubilación otorgada.

Todos los jueces federales de primera instancia de Rosario tienen dos juzgados a cargo y deben duplicarse para atender todas las causas. Pero lo que hace falta no es solo personal, no hay wifi, la conectividad a internet es deficiente, y el hardware y software del sistema operativo que se usa en las oficinas tiene más de diez años y es obsoleto.

Hace 42 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario, 43 años que no se crea un juzgado federal en Santa Fe y pasaron más de 30 años desde que se instaló el último juzgado federal en Rosario.

No hay drones para investigar, que podrían ayudar a la hora de decidir allanamientos, ni poseen el instrumental (los dispositivos UFED) necesario para extraer y decodificar la información almacenada en un celular inteligente. En promedio demanda entre seis y nueve meses averiguar el contenido de un teléfono incautado, tarea que se realiza fuera de la provincia.

“La Justicia federal no tiene prioridad. Mientras, el enemigo narco usa drones”, explica a Infobae el juez Carlos Vera Barros, a cargo de uno de los dos juzgados federales penales de Rosario, y con más de treinta años en el Tribunal.

Más crítico, el diputado provincial Carlos del Frade opina que “la Justicia federal está armada para generar impunidad”, y recuerda que recién el 28 de diciembre de 2014 se dictaminó que Los Monos eran una organización narcocriminal, cuando la mayoría de sus integrantes ya estaban detenidos por otros delitos.

En la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario cada juez firma por día en promedio entre 15 y 20 sentencias, unas cinco mil sentencias por año. Y no sólo se trata de delitos derivados de la ley de estupefacientes, ya que tienen competencia múltiple: se encargan -además de la temática penal- de los asuntos de civil y comercial, previsional, administrativo, impositivo, aduanero, migraciones.