La Justicia inhibió los bienes de varios piqueteros acusados de extorsión: qué se sabe hasta ahora

Piqueteros, movimientos sociales, NA

La Justicia dispuso la inhibición de los bienes de los piqueteros y las agrupaciones señaladas por supuesta extorsión y amenazas contra beneficiarios de planes sociales. Este lunes se realizaron varios allanamientos en el marco de la causa que.

El juez federal Sebastián Casanello pidió además que se audite a las cooperativas involucradas en el caso. La solicitud recae en el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo encargado de aplicar las leyes de Cooperativas y Mutuales.

Sebastián Casanello

Los delitos imputados por la fiscalía son: extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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Quiénes son los piqueteros inhibidos

La inhibición de bienes dispuesta por Casanello alcanza a: Jeremías Cantero, segundo de Belliboni en el Polo Obrero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

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Cómo comenzó la causa

El caso surgió  a raíz de una denuncia del propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, después de recibir testimonios de personas que aseguran haber sido extorsionadas por diversas agrupaciones sociales para asistir a marchas contra el Gobierno de Javier Milei.

A raíz de esta denuncia, el lunes se realizaron alrededor de 30 allanamientos a comedores y a casas particulares, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, tras la denuncia del Gobierno, basada en los llamados realizados a la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad para el reporte de supuestas extorsiones.

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Cómo se realizaban las supuestas extorsiones

En la causa constan tres tipos de extorsiones con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social:

• Cobrar a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda.
• Para controlar esto, se tomaba asistencia en las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no asistieran, o se les prohibía retirar alimentos de los que el Estado les brindaba a los comedores. 
• Había “listas de espera” para acceder al plan Potenciar Trabajo, y los interesados eran obligados a realizar trabajos; asistir a marchas o hacer aportes al comedor.

Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones, que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “Compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, se puede leer en un mensaje de WhastApp.