El fallo de la Corte Penal Internacional hace referencia a la responsabilidad de Serguéi Shoigú, exministro ruso de Defensa, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor, en los ataques realizados por Rusia en Ucrania.
Por Canal26
Martes 25 de Junio de 2024 - 12:06
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Serguéi Shoigú, exministro ruso de Defensa, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor, por las acusaciones de crímenes de guerra cometidos desde que comenzó la guerra con Ucrania.
Esto hace que lleguen a seis las órdenes de detención contra líderes rusos, entre los que aparece el presidente Vladimir Putin. Según la CPI, los dos nuevos implicados son considerados "responsables a nivel penal" por "ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” registrados hasta el 9 de marzo de 2023.
El lapso de tiempo señalado tuvo numerosos ataques de Rusia contra plantas de energía eléctricas de varios sitios de Ucrania. El criterio de la CPI marca que el daño colateral a civiles y sus bienes era “claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada” a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas “objetivos militares”.
La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por “causar daños colaterales excesivos” a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.
En su resolución, la Corte Penal Internacional indicó que el objetivo del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados. “La presunta campaña de ataques constituye un tipo de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, señala.
Además, considera que los sospechosos generaron “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, “actos inhumanos” definidos como “crimen de lesa humanidad”.
Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.
Mientras, el general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.
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Las dos primeras órdenes de detención llegaron en marzo de 2023 contra Putin y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
A estas siguieron en marzo pasado las del teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov, por dos crímenes de guerra y uno de lesa humanidad, debido a ataques contra infraestructura crítica en Ucrania como plantas de energía y subestaciones desde octubre de 2022.
“Aquellos responsables de acciones que afectan a civiles inocentes o a objetos protegidos deben saber que esta conducta está regida por un conjunto de normas reflejadas en el derecho internacional humanitario. Todas las guerras tienen reglas. Esas reglas obligan a todos sin excepción”, advirtió el fiscal Karim Khan.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en febrero de 2022.
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