El país ibérico se encuentra hace años llevando adelante una profunda investigación para echar luz sobre la cantidad de víctimas a manos de autoridades religiosas.
Por Canal26
Martes 9 de Julio de 2024 - 20:30
En abril, el Gobierno de España aprobó un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como un acto de Estado de reconocimiento a los afectados.
La polémica se desató en el país ibérico luego de que la asamblea plenaria de los obispos españoles aprobara el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales. Es que la situación es tan grave que, en marzo pasado, un informe registró 1.057 denuncias recibidas.
El mismo tendrá en cuenta la ley civil y los criterios de las conferencias episcopales de otros países del mismo entorno para fijar las indemnizaciones. Además, el documento prevé un órgano que asesorará a las autoridades eclesiásticas y tratará de coordinar la respuesta integral a las víctimas.
Este órgano, mediante un procedimiento no judicial, tratará de "verificar individualmente cada caso", y recomendará el marco posible de reparación, a partir de lo que la propia víctima solicita "para su sanación" y buscando siempre una reparación integral.
Una vez aprobado el plan, el siguiente paso es establecer unos criterios precisos que permitan la aplicación, para lo que se creará una comisión asesora de expertos de la medicina forense y el ámbito jurídico. La misma podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan a favor de ellas.
Con todos los datos, la comisión ofrecerá un informe de los casos presentados, que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del agresor o por la prescripción del delito. Y con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE elaborará un posible sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos.
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Ante las críticas del Ejecutivo por la aprobación de este plan, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luís Argüello, reconoció que la Iglesia actuó de manera unilateral y defendió que lo hace porque las vías jurídicas están cerradas al haber prescrito la mayoría de los casos.
Además, recordó al Gobierno español que su responsabilidad es pensar en "todas las víctimas" y no solo en las de esa institución.
Argüello no ofreció datos sobre las cuantías económicas de las posibles indemnizaciones y se limitó a afirmar que "la Iglesia responde", pero pide tiempo. "Hay dinero, tiempo y personas" y la Iglesia responderá con los recursos de su comunión de bienes.
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