Servicio doméstico en cuarentena: cuánto bajó el empleo registrado y cómo son los acuerdos virtuales entre partes

Personal doméstico en los hogares.

Durante  el pasado mes de mayo y haciendo comparación directa con marzo hubo prácticamente 20.000 trabajadoras del servicio doméstico menos con aportes registrados a la seguridad social. El derrumbe de personas con contribuciones es algo que de hecho pasa mes a mes desde fines del año 2019, pese a que cobró más fuerza desde el inicio de la cuarentena dispuesta por la pandemia de Covid-19.

De manera concreta, mientras que en marzo pasado se había dado una cifra de 491.769 trabajadoras en blanco, durante mayo han sido 472.712; o sea, 19.057 menos, lo cual implica una caída de casi 4%. En comparación con noviembre de 2019, el mes en que mayor cantidad de registros hubo, la disminución llega a 28.107 trabajadoras. Esto significa que de detectó una baja de 5,6% en 6 meses. En abril y en mayo (últimos datos disponibles), la situación fue bastante similar: en cada uno de esos meses hubo alrededor de 9500 registros menos en comparación con el período previo.

Los datos se dieron a conocer por los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y han sido publicados por el Ministerio de Trabajo, en donde aclararon a LA NACION que, al tratarse de la cantidad de trabajadoras con aportes ingresados mes a mes en el país, no se puede establecer si la baja responde a bajas del sistema o a moras en los pagos de las obligaciones.

Como sea, esas postergaciones en los pagos se suceden en momentos en que las familias empleadoras pueden estar perdiendo sus ocupaciones o sus ingresos en forma total o parcial, por el derrumbe generalizado del nivel de actividad, y en un contexto en el que rige un decreto que prohíbe despedir personal a cargo, una medida que incluye a este segmento de la actividad laboral.

Un tema mucho más preocupante aun se daría en el segmento más amplio de quienes hacen esta actividad: el de la economía informal. De acuerdo a un informe publicado este año por la cartera laboral, con datos de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (Ecetss) de 2018, el 76,8% de quienes se desempeñan en tareas domésticas en casas particulares -sobre un total de 1,4 millones de casos estimados en ese momento- no están registrados, una irregularidad que se da con mayor frecuencia cuanto menor es la cantidad de horas de trabajo en un mismo hogar.

En el trabajo doméstico se encuentra, según ese informe, el 8,1% de la población ocupada del país y el 17,4% del total de mujeres con alguna ocupación laboral. Tres de cada cuatro hacen tareas generales de limpieza y mantenimiento del hogar, mientras que un 25% aproximadamente se dedica a asistir y cuidar a otras personas. Esta última categoría de la actividad es la única que quedó habilitada, desde el inicio del período de aislamiento obligatorio, para todo el país y en forma generalizada.

Entre tanto, está vigente la obligatoriedad de seguir pagando los salarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social. Tanto la entidad que es a los empleadores en las negociaciones salariales (este año, a falta de acuerdo hubo una suba dispuesta por resolución ministerial), como el sindicato del sector, le pidieron al Gobierno la inclusión de estas relaciones laborales en el programa ATP, para que parte de las remuneraciones sea pagada, durante la emergencia, con fondos públicos. Pero esos pedidos hechos por el Sindicato de Amas de Casa y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, no tuvieron eco en las autoridades.

El alto nivel de trabajo informal hace complicado saber qué está sucediendo efectivamente con el empleo y estimar cuántas personas volverían a cumplir con sus tareas. En diferentes lugares del país se habilitó en los últimos meses el regreso de la actividad, bajo protocolos dispuestos por las autoridades y, en muchos casos, sin permiso para que los traslados se hagan utilizando el transporte público. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en cambio, no hubo apertura para esta actividad (salvo el ya mencionado caso de tareas de cuidado de personas).

Acuerdos hechos de manera virtual:
Mientras tanto, a fines de junio el Ministerio de Trabajo habilitó una instancia virtual para la firma de acuerdos entre empleadores y empleadas, que pueden estar referidos a la desvinculación o a otros temas, como una reducción en la carga horaria.

La disposición 569 de la cartera de Trabajo define cómo es el procedimiento para la firma y el registro de esos acuerdos de partes. El trámite se hace a través de una plataforma oficial y, una vez expresada virtualmente la voluntad de quienes son parte del pacto y obtenido un número de expediente, se debe pedir un turno para ratificar el acuerdo ante un funcionario del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, en una reunión que se realiza a distancia. En ese encuentro no pueden darse discusiones, porque se entiende que se llegó hasta allí para confirmar algo acordado previamente. La normativa prevé que dentro de los cinco días hábiles posteriores a la audiencia virtual, la trabajadora o el trabajador debe enviar un telegrama al Tribunal, desde el Correo Argentino.

El trámite es válido en los casos de la ciudad de Buenos Aires, porque es la jurisdicción en la cual tiene competencia el Tribunal. Y se requiere que las partes tengan un abogado que los represente, según informa el Ministerio de Trabajo. Se debe tener, además, una registración para operar en la web tramitesadistancia.gob.ar y la clave fiscal de la página de la AFIP (la gestión se inicia en la página del organismo de recaudación impositiva).

Hasta la semana última y después de poco más de un mes de ponerse en marcha el mecanismo, se habían registrado 31 acuerdos, en tanto que había 17 turnos programados para audiencias virtuales.

Respecto de la baja del número de trabajadoras con aportes hechos, más allá de que se trate de bajas o de moras, hay que tener en cuenta que la falta de pagos afecta los derechos implicados en el sistema. En el caso de la obra social, según explica el abogado Carlos Brassesco, del sindicato Upacp, luego de tres meses sin aportes registrados las trabajadoras quedan en situación de "inactivas" y pierden el derecho a la cobertura, mientras que al octavo mes la Superintendencia de Servicios de Salud directamente las da de baja del padrón.

Desde las obligaciones que han vencido ya en mayo de este año hubo un aumento de los montos a pagar cada mes, concretamente por un ajuste en el valor de la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), que pasó de $503 a $521 en el caso de personal con 16 horas o más de trabajo semanal. En esa categoría el pago total es de $1649,19, ya que a la ART se suma el aporte (con destino a la obra social) de $1041,22 y la contribución (para el sistema jubilatorio), de $86,97.