Recesión: cerca de 3000 empresas pidieron quiebra o concurso preventivo

Como consecuencia directa de la recesión y la fuerte caida del mercado interno, hay más concursos preventivos de crisis y la quiebra de empresas en los últimos tres años en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, mientras que también los procedimientos preventivos avanzan como forma de impulsar de hecho la flexibilización laboral.

Según un relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA) basado en información que ha sido publicada en el Boletín Oficial de ambas jurisdicciones -entre las dos reúnen el 52% de las compañías registradas en la Argentina-, las quiebras llegaron a 666 en 2016, 716 en 2017 y 795 en 2018.

Con estas cifras a mano, es evidente que se dio un alza del 19% desde que comenzó el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Sobre los concursos preventivos, la importancia de la suba es mucho mayor: mientras en 2016 fueron 210, en 2017 llegaron a 227 y en 2018 saltaron a 368, un 75% más en tres años. O sea que en total se dieron 2.982 casos de empresas que recurrieron a la justicia o bien para solicitar la quiebra o bien para iniciar una convocatoria de acreedores que permita reestructurar la compañía.

De acuerdo al CEPA, 25% de estos procedimientos son del sector manufacturero y de consumo.

Así mismo, también se vio un avance marcado de los procedimientos preventivos de crisis que da el Ministerio de Trabajo y habilitan, a saber, una reducción en las indemnizaciones. A lo largo del último año incluso fue solicitado por grandes empresas como Carrefour o el caso de Femsa, a la que al final no se lo dieron tras acordar con el sindicato.

Desde el CEPA advierten que los PPC funcionan como una suerte de flexibilización "de hecho" de las relaciones laborales y de ahí el impulso que tuvieron desde 2016, cuando llegaron a 55, para luego escalar a 83 en 2017 y 108 en 2018.

Mientras tanto, desde el Gobierno se desarmó el programa de subsidios Repro que financiaba parte de los salarios por hasta un monto equivalente al mínimo vital y móvil: el número de beneficiarios cayó 20%, así como el monto en términos reales y la disminución de los plazos aprobados.