Milei busca eliminar los fondos fiduciarios: cuántos existen y qué son

Javier Milei. Foto: NA

El presidente Javier Milei busca eliminar los fondos fiduciarios o fideicomisos públicos, como también se los conoce. Dichas "cajas negras de la política", tal como las mencionó el mandatario, representan un monto equivalente al 2% del PBI, además de que están atravesadas por la falta de control sobre ellas.

Por ejemplo, Manuel Adorni, vocero de la presidencia, indicó que se eliminará un grupo de ellos por una cifra cercana a los US$ 2000 millones. 

Cabe recordar que un fideicomiso es una herramienta que permite manejar fondos traspasados a una persona física o jurídica para cierto objetivo. Los fondos fiduciarios son considerados fideicomisos públicos, ya que permiten realizar proyectos por parte del Estado, que desde sus organismos envían el dinero a otras firmas para que manejen los fondos en cuestión. Estos recursos están por fuera de las reglas que regulan el resto del Presupuesto Nacional, por lo que no hay un control total sobre su manejo.

Javier Milei. Foto: NA.

El último dato oficial sobre los fondos fiduciarios, correspondiente al tercer trimestre del 2023, indica que existen unos 29. Dentro de esa cifra, 16 representan casi el 99% de la totalidad de dichos ingresos y gastos, entre los que aparecen: Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Cabe mencionar hay distintas maneras de que ingresen los fondos, ya sean recaudación de impuestos o transferencias del Tesoro. Por ejemplo, el Estado Nacional aporta directamente un porcentaje al 25% del total, mientras que otros se generan con los propios fondos, además de los que se generan con parte de algún impuesto.

Manuel Adorni, vocero presidencial, advirtió que se eliminarán un grupo de fondos fiduciarios. Foto: NA.

El 31,8% de los ingresos acumulados al tercer trimestre del pasado llegaba por parte de rentas que obtenía el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Mientras que otro 23% salen de transferencias brindadas por provincias y municipios.

Un 7,1% llega desde el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, además del 6% que proviene de los ingresos impositivos y rentas de la propiedad del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que representan el 9% de lo que recauda el impuesto PAIS.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social tuvo transferencias dirigidas a provincias y municipios, que significan el 25,7% del total del gasto de capital y transferencias enviadas desde el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar al sector privado. Un 12,5% del total de gastos corrientes fueron enviados desde el Fondo de Infraestructura Hídrica a provincias y municipios y otros organismos estatales. 

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: NA.

Además, 17,7% fueron enviados también a provincias, municipios y el sector privado, aunque desde el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana. mientras que el 21,6% que resta fueron a la Dirección Nacional de Vialidad desde el FFSIT. 

Según los últimos datos publicados, estos fideicomisos públicos generaron un superávit de $566.606,4 millones. De todos modos, ese dinero no retorna al Estado, ya que los fondos fiduciarios no permiten que la ganancia regrese al Tesoro. 

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La reaparición de la discusión

Si bien es de larga data, el tratamiento de la Ley Ómnibus puso en discusión nuevamente a los fondos fiduciarios. El artículo número cuatro del proyecto de La Libertad Avanza indicaba que se podría “crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal", con los destinados a subsidios incluidos. 

Sin embargo, esa parte no fue aprobada en Diputados y fue uno de los puntos clave para que la ley sea retirada del recinto por el Gobierno.