Los magistrados que iban a juzgar al empresario afirmaron que sólo la Corte podía excluirlo del proceso.
Por Canal26
Jueves 27 de Junio de 2024 - 16:10
El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas” firmó una durísima e inusual resolución acusando a tres jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, de haber sacado del juicio al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la justicia electoral “sin justificación legal”.
Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo y logró que dijera que los presuntos pagos por izquierda que se descubrió que Calcaterra hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” no declarados.
Los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques fueron quienes fallaron en favor de Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, su ex socio en la firma IECSA.
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En ese contexto, el Tribunal fue determinante y cuestionó el criterio adoptado por la Sala I y consideró que debe intervenir la Corte Suprema para reordenar la situación.
“La gravedad del accionar de la Cámara de Casación trasciende los límites para afectar directamente la buena administración de justicia, al entrometerse indebidamente en la jurisdicción de otro tribunal. (…) La manifiesta extralimitación de sus atribuciones como tribunal de alzada en perjuicio de la buena administración de justicia humana habilita la intervención del Alto Tribunal, a fin de corregir la grave inconducta procesal”, advirtió.
"Las particularidades del caso que no se ciñen a comunes situaciones judiciales sino a interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia (…) deben ser informadas inmediatamente y aun como minoría a la Corte Suprema de Justicia en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial”, agrega.
En ese marco, el fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Plee pidió anular la decisión final de la Sala I, que le dio la razón a Calcaterra. El reclamo se concentra en que, hasta que el caso llegó al máximo tribunal penal, no fue notificada la Unidad de Información Financiera (UIF) que interviene como querellante en la causa.
En el mismo sentido se pronunció la UIF: “Vuestra excelencia resolvió la cuestión de competencia sin notificar a esta parte ni permitir al organismo exponer su punto de vista sobre la cuestión, y con ello se restringieron arbitrariamente las facultades recursivas de esta parte, en clara afectación a las reglas del debido proceso penal y tutela judicial efectiva”.
La UIF comprendió que la resolución de la Casación, “frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio”.
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