Odebrecht y Iecsa detienen acuerdo para que Brasil presente pruebas por sobornos

Han pasado dos años desde que se supiera públicamente que la firma constructora brasileña Odebrecht haya admitido pagar coimas en la Argentina por al menos unos US$ 35 millones. Los hechos sucedieron entre 2007 y 2014.

Pero pese a eso, la Justicia argentina y las autoridades brasileñas todavía no logran ponerse de acuerdo para la entrega de las pruebas correspondientes.

Recientemente, la primera chance concreta para hacerse con la evidencia sobre el supuesto pago de sobornos derivado de la obra por el soterramiento del tren Sarmiento se detuvo otra vez luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -que es primo del presidente argentino Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, con los abogados defensores de la misma Odebrecht expresaran claramente su opinión contraria al acuerdo en los tribunales federales.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi aguarda que la Cancillería diga su postura y después tendrá que decidir si aprueba el acuerdo o no. Todo hace suponer que eso sucedería recién en 2019.

El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, dijo que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil para recibir información y pruebas de los arrepentidos de Odebrecht. En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos culparon en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como responsables de los sobornos. El fiscal promueve firmar el acuerdo con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados por el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, nombrado por Mauricio Macri.

Tras uchas negociaciones con Brasil, se convino que la Justicia tendrá garantizar que las pruebas e información por los acuerdos de delación premiada no van a ser usadas penalmente contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.

La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil es verosímil según la gente de Iecsa: lo conocido por ahora sobre la prueba que podrían dar los brasileños no incluye nombres de ex funcionarios pero compromete a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por ende a Calcaterra, quien era dueño de la firma. La defensa afirmó que es un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas.

Odebrecht también se negó a que la Justicia argentina de por cerrado este acuerdo con Brasil.