Autopistas: el contenido de los documentos que podrían complicar a Macri y sus funcionarios

Mauricio Macri, Javier Iguacel, Guillermo Dietrich

El presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno se encuentran en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado.

El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli y se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste).

Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. En ese marco, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes. Una investigación de Perfil, revela los documentos oficiales del caso y el detrás de escena del conflicto por los peajes.

La principal empresa involucrada es Abertis, según consigna el medio. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. El conflicto nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando Macri había ganado las elecciones.

De acuerdo con los documentos que analizó el medio, el 7 de diciembre de 2015, Abertis demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal internacional que intenta arbitrar entre los Estados y las empresas de capitales extranjeros.

La Procuración del Tesoro es un organismo clave en este caso. Representa al Estado frente a los reclamos judiciales de empresas y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias legales de contratos y acuerdos. Cuando asumió el pesidente Mauricio Macri, nombró al jurista Carlos Balbín.

A comienzos de 2017, Balbín rechazó la demanda de Abertis ante el Ciadi, de acuerdo con los documentos oficiales y realizó una auditoría sobre el caso Correo Argentino SA. Un mes después, Macri le solicitó la renuncia y nombró al abogado Bernardo Saravia Frías en el cargo.

Con Balbín fuera, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste, fue cuando Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió Perfil. De esos documentos surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente. En ese entonces, la familia presidencial todavía tenía el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi.

Javier Iguacel ocupaba el cargo de director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos.

En dos dictámenes del procurador del Tesoro de 2017 y 2018 consta que la ex socia de los Macri reclamaba supuestas deudas por US$ 1.721 millones. No hay referencia alguna a una auditoría o estudio sobre si el monto de reclamo planteado por la concesionaria era correcto. En ese marco, Saravia Frías dijo que ese punto central de la negociación no era competencia suya. En un segundo dictamen, de mayo de 2018, el equipo de abogados del Ministerio de Transporte volvió a pedir la opinión de Saravia Frías.

El Departamento de Legales del ministerio enumeró los puntos del contrato que no le cerraban y por primera vez resaltó que se estaba negociando con una empresa que estaba demandando al Estado ante el Ciadi. El procurador volvió a resaltar objeciones al contrato pero no se opuso formalmente.

Abertis y el ministro Dietrich firmaron la extensión de la concesión de los accesos Norte y Oeste en junio de 2018, un mes después.