El abogado de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, indicó que se presentará el Poder Judicial en Venezuela para denunciar la "desaparición forzada" de mujer cuyo paradero es desconocido desde el viernes.
Por Canal26
Lunes 12 de Febrero de 2024 - 21:10
Cinco familiares y allegados de la activista y defensora de derechos humanos venezolana, Rocío San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano, se encuentran "desaparecidos" desde la detención, el pasado viernes, de la también abogada, cuya "desaparición forzada" fue denunciada por varias organizaciones.
El letrado Juan González Taguaruco, parte de la defensa, confirmó en diálogo con EFE la "supuesta detención" de Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos de la detenida; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda; y Alejandro González Canales, su expareja.
En tanto, explicó que allegados y vecinos del grupo familiar informaron que, igual que la activista, estas personas fueron abordadas en distintos lugares por cuerpos de seguridad y ahora se encuentran en "desaparición forzada".
Taguaruco agregó que, este lunes, los abogados de San Miguel presentaron un recurso de amparo ante los tribunales, solicitando "la libertad plena y seguridad personal" de la jurista, debido a las irregularidades que se presentan en su caso.
Además, indicó que formularán las peticiones que correspondan ante los órganos del Poder Judicial en Venezuela, denunciando la "desaparición forzada" de la activista cuyo paradero es desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
González Taguaruco indicó a medios locales que, este lunes, sus abogados recorrieron varios centros de detención en Caracas sin que hasta el momento ningún cuerpo policial admita tener a la detenida. También denunció que hace más de 48 horas se perdió la comunicación con la hija de San Miguel, quien se encontraba con ella al momento de su detención y estuvo informando a sus abogados sobre los hechos.
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Con motivo de exigir explicaciones respecto a su situación, un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela denunciaron la "desaparición forzada" de la defensora de derechos humanos.
De este modo, el grupo de ONG expresó su "más firme rechazo a la detención arbitraria" en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Pese a que el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que fue detenida por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar a Nicolás Maduro, los activistas aseguraron que continúan sin tener detalles de la ubicación de San Miguel.
"Se desconoce aún su paradero, el cuerpo de seguridad a cargo, ni se ha podido constatar su estado de salud físico e integridad", alertaron, al tiempo que exigieron su "inmediata liberación". También instaron a los organismos internacionales que defienden garantías básicas y a que se pronuncien reprochando esta detención.
Amnistía Internacional (AI), por su parte, pidió este domingo la libertad "inmediata e incondicional" de la activista, así como respeto a sus derechos y a la "medida cautelar de protección dictada a su favor" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
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