La deportación ilegal viola varios derechos del niño, como el derecho al uso de su propia identidad y lengua nacional, a la educación y a la familia, al no permitir que sea recuperado de sus padres adoptivos rusos.
Por Canal26
Miércoles 19 de Junio de 2024 - 19:17
La deportación ilegal de niños es un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue motivo de la orden de arresto emitida en marzo del año pasado por este tribunal contra el presidente ruso Vladimir Putin.
En esa ocasión también se ordenó la detención de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, siendo que ambos fueron acusados de ser “presuntos responsables” del traslado forzoso de niños a territorio ruso.
El Registro Unificado de Personas Desaparecidas en Circunstancias Especiales (ICMP) actualmente incluye a 2.145 individuos que tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.
Para transformar esta angustiante situación, las autoridades del mundo se reunieron en La Haya con el objetivo de tratar la necesidad de mejorar la “visión estratégica de Ucrania para localizar a decenas de miles de personas desaparecidas, incluidos los niños deportados ilegalmente”.
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La información “fiable” sobre 2.145 menores desaparecidos de Ucrania en circunstancias especiales “disminuye con el tiempo”, lo que urge a “recopilar datos genéticos” de familiares para mantener vivo su rastro.
Este panorama se ve aun más complicado, dado que varios expertos internacionales denunciaron los esfuerzos de Moscú de “adoctrinarlos” para que “olviden” sus raíces.
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La reina Noor de Jordania, comisionada de la ICMP desde 2001, subrayó que hay consenso sobre el papel “crucial” que desempeñaría una “base de datos central” al permitir recopilar la “abundante información” sobre personas desaparecidas que recogieron diferentes agencias.
Asimismo, destacó el consenso entre quienes trabajan en esta cuestión sobre “la necesidad de una comunicación constante con las familias de los desaparecidos” y de “una campaña de alcance para recopilar datos genéticos de decenas de miles de familiares” que residen dentro y fuera de Ucrania.
Artur Dobroserdov, comisionado en Ucrania para Personas Desaparecidas, alertó que, aunque la invasión rusa comenzó en 2022, “la agresión empezó ya en 2014, y como consecuencia hay muchas personas que fueron asesinadas, tomadas como prisioneras, o que han desaparecido”.
“Ahora entendemos la magnitud del problema. Estos niños son nuestro futuro. Necesitamos hacer lo posible para traerlos de vuelta. Entendemos que, con el paso del tiempo, muchas cosas cambian, incluso los nombres y apellidos de estos niños porque (Rusia) hace todo lo posible para que olviden sus raíces y sus familiares”, advirtió Dobroserdov.
En este sentido, Kateryna Rashevska, experta legal del Centro Regional para los Derechos Humanos, aseguró que, una vez bajo el control ruso, a estos niños se “les impone la nacionalidad rusa, un sistema educativo formal e informal con elementos de adoctrinamiento político y de militarización”.
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