Italia: el proyecto de ley que ya fue aprobado en Diputados e incluye la castración química para violadores

Cámara de Diputados italiana. Foto: Reuters

El Gobierno de Giorgia Meloni parece decidido a imponer una política de mano dura para reforzar la seguridad ciudadana en Italia. Por eso, presentó un proyecto de ley -ya fue aprobado por la Cámara de Diputados- que introduce 20 nuevos delitos penales y agravantes.

Entre las propuestas que más llaman la atención se encuentran la castración química para violadores, hasta dos años de cárcel para manifestantes que bloqueen rutas y trabas para los migrantes que quieran comprar un celular. Además, a los extranjeros irregulares se les exigiría un permiso de residencia para adquirir una tarjeta SIM, lo que significa que muchos quedarán incomunicados

Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Foto: EFE.

Sin dudas, la medida más drástica es la creación de una comisión para estudiar la viabilidad de introducir la castración química para agresores sexuales. La propuesta permitiría que los condenados tomen voluntariamente un fármaco que inhiba sus impulsos sexuales a cambio de su libertad condicional.

Estas propuestas solamente necesitan ser aprobadas por la Cámara de Senadores para que entren en vigencia. Sin embargo, no están exentas de críticas de parte de quienes las califican como un “decreto anti-Gandhi” que podría convertir a Italia en un Estado policial y , de ese modo, atentar contra la democracia.

Encontrá más vídeos

Te puede interesar:

Giorgia Meloni cerró su visita al país con una gala en el Teatro Coliseo: "Italia y Argentina son naciones hermanas"

Amantes y detractores de la castración química para violadores

El texto presentado por el partido ultraderechista Liga, socio del Ejecutivo y que encabeza el actual vicepresidente Matteo Salvini, busca introducir un "tratamiento farmacológico de bloqueo androgénico total voluntario para quienes cometen delitos sexuales".

Así, se pretende una "intervención para interferir en la funcionalidad sexual", que puede representar una "medida disuasoria" para los condenados por delitos sexuales, con la meta de evaluarlo "respetando los principios constitucionales y supranacionales".

En este aspecto, también hay detractores. La diputada Simona Bonafè, del centroizquierdista Partido Demócrata, aseguró que se trata de "una propuesta inconstitucional que socava los fundamentos del ordenamiento jurídico", el cual "superó el uso del castigo corporal durante siglos".