En su documento anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado alertó sobre “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado”.
Por Canal26
Miércoles 31 de Marzo de 2021 - 07:46
El secretario de Estado Antony Blinken, REUTERS.
El gobierno de Estados Unidos realizó un informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 el mundo. El mismo advirtió que funcionarios argentinos ejecutivos, legislativos y judiciales “participaron en prácticas corruptas con impunidad”.
El documento presentado por el jefe del departamento de estado revela que “La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”.
“Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” por parte del gobierno de Alberto Fernández. El informe fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken en la Casa Blanca.
Capítulo Corrupción
En este capítulo, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri”. En esas páginas menciona la causa de los cuadernos en el que la exmandataria y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $ 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre”, reseñó. Macri fue mencionado por la investigación por el supuesto espionaje ilegal durante su gobierno. Además, aludió al caso del exministro de Planificación Julio De Vido.
Capítulo Derechos Humanos
En este capítulo el documento, afirmó que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, advirtió.
“Hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año” y entre los casos menciona al de Facundo Astudillo Castro, que “desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19″.
“La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.
Por otra parte, el documento afirmó que el gobierno “en general observó” los requisitos que prohíben los arrestos y detenciones arbitrarias y afirmó que “la policía generalmente detuvo a las personas abiertamente con órdenes judiciales basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado”.
Capítulo Justicia
“Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discreción de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones eran arbitrarias”.
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