Un informe presentado por la organización señala que las medidas que se toman allí golpean la independencia judicial y debilitan las investigaciones contra el crimen organizao.
Por Canal26
Miércoles 12 de Junio de 2024 - 07:20
Human Rights Watch indicó que el Congreso de Perú avanza sobre medidas que golpearían la independencia judicial, además de que achicarían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones contra el crimen organizado y los abusos de los derechos humanos.
La organización apunta también que los Estados parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían tratar lo que ocurre en Perú durante la asamblea general que se desarrollará entre el 26 y 28 de junio en Paraguay. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW explicó que "con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales".
En este marco, agregó que están detrás de "debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones". También advirtió que las medidas pueden tener "graves consecuencias" para los peruanos al permitir que "el crimen organizado se expanda" y dejen con menos chances a los civiles para ser atendidas tras la violación de sus derechos.
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El comunicado recordó que el Parlamento peruano aprobó una reforma constitucional para eliminar a la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la judicatura, y que el Senado sería el encargado de designar y remover jueces y fiscales.
Además, aprobó un proyecto de ley que daría "enormes poderes" al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero, pues le otorgaría la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o se opongan al accionar gubernamental, según señaló.
Igualmente, el Legislativo aprobó, en primera votación, un proyecto de ley cuyo objetivo declarado es precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero que podría ser utilizado por jueces y fiscales para "socavar" las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el país (1980-2000).
Subrayó también que la presidenta peruana, Dina Boluarte, "se ha aliado" en repetidas ocasiones con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla del cargo.
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