Justicia investiga si hubo maniobras ilegales de las Fuerzas Armadas en rendición de gastos de las PASO

Ejército Argentino. Foto: Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

El uso de diferentes partidas de presupuesto destinadas a las Fuerzas Armadas argentinas se ha puesto en el centro de la polémica, mientras desde la Justicia se pretende esclarecer su destino, sobre todo en lo que respecta a lo sucedido durante las pasadas Elecciones PASO. Todo el proceso y la historia fueron plasmados por el periodista Mariano De Vedia en una nota EXCLUSIVA para LA NACIÓN, que aquí -gracias a su gentileza- reproducimos en su totalidad.

La justicia federal investiga la denuncia de un oficial del Ejército sobre presuntas irregularidades en el manejo presupuestario del Comando General Electoral, que funciona en jurisdicción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el período correspondiente a las PASO.

Las maniobras podrían ascender a $20 millones, a partir de la rendición de pagos, en concepto de viáticos y transferencias, que aparecerían duplicados, según la denuncia que formuló el tesorero del organismo militar, teniente coronel Gustavo Alejandro Chávez Leguina, quien luego de presentar la acusación entró en período de licencia.

El Comando General Electoral, que conduce el general de división Martín Deimundo Escobal, abrió un sumario disciplinario en la esfera de la justicia militar para deslindar responsabilidades y fuentes cercanas al Estado Mayor Conjunto adelantaron a LA NACION que las acusaciones no tienen sustento y serán desestimadas. Sin embargo, siguen adelante las actuaciones en la instancia federal, a cargo de la fiscal María Alejandra Mangano.

La denuncia de Chávez Leguina apunta a su superior inmediato, el jefe del Departamento de Finanzas del Estado Mayor Conjunto, coronel Raúl Alberto García, también responsable del área de finanzas en el Comando General Electoral. 

Ante una consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que la denuncia está en manos de la Justicia. Dijeron que “la postura del ministro del área, Jorge Taiana, es tolerancia cero” y que pondrán “todos los esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos y la plena colaboración con la Justicia”.

Hasta el momento, el denunciante Chávez Leguina no se presentó a ratificar la denuncia ni en el Estado Mayor Conjunto ni en la fiscalía, aunque fuentes castrenses indicaron que el militar está esperando que sea citado.

Constituido por el decreto 283/2021 con el fin de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad para garantizar la realización de las PASO y las elecciones generales del 14 de noviembre, el Comando General Electoral maneja y distribuye un presupuesto de $3300 millones para las dos rondas de los comicios. Según pudo saber LA NACION, en las PASO se gasttaron unos $1300 millones y se prevé ejecutar el remanente para la votación del 14 de noviembre. Los recursos son asignados por el Ministerio del Interior.

Entre otros actos ilícitos, se mencionan en la denuncia pagos duplicados a proveedores, viáticos inexistentes, desplazamientos de efectivos para tareas de custodia de urnas y centros de votación, falsificación de datos sobre personal interviniente, desaparición de documentación de respaldo de las rendiciones, entre otras aparentes inconsistencias.

En el Estado Mayor Conjunto indicaron a este diario que las acusaciones “carecen de fundamento y de constancias probatorias” y pusieron en duda las condiciones del denunciante, que debió dejar su puesto por “razones personales”.

La denuncia
Para evaluar la dimensión de la denuncia del oficial Chávez Leguina, cuyo monto estimado alcanza los $20 millones, se calcula que una provincia chica tiene asignados unos $25 millones para viáticos y traslados del personal militar encargado de la custodia y seguridad de los actos electorales. Fuentes castrenses explicaron que hasta 2019 el presupuesto se repartía entre los 24 comandos electorales del país y cada jurisdicción disponía de los recursos.

Con los fondos asignados por las elecciones se pagan habitualmente viáticos del personal, combustible para los vehículos, repuestos para ponerlos en condiciones (principalmente cubiertas y baterías), gastos mínimos de librería y elementos de limpieza, además de la contratación de servicios de seguridad electrónica para los lugares del escrutinio definitivo (cámaras y alarmas) y grupos electrógenos, entre otros rubros.

En el ámbito militar se estima que la descentralización de los recursos redundó siempre en beneficios adicionales para las unidades de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, porque les permitía dejar cada dos años en mejores condiciones sus vehículos, entre otras ventajas.

Este año las cosas cambiaron porque el Comando General Electoral ordenó centralizar la ejecución del presupuesto, lo que produjo cierto malestar en algunas unidades. “Se formó un equipo de control de gestión y se limitó al mínimo posible el uso de vehículos militares”, indicó un oficial crítico de la conducción militar.

Ante la denuncia, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (Juntos por el Cambio-Tierra del Fuego) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en el que reclama conocer qué posición adoptaron los ministerios de Defensa, del Interior y de Seguridad, ante el sumario administrativo abierto por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. También requiere saber cuál es el plazo fijado para la rendición de la primera etapa eleccionaria y en qué instancia de encuentra hoy esa rendición de gastos, entre otros puntos.

Por Mariano De Vedia. EXCLUSIVO para LA NACIÓN.