La negociación secreta para conseguir a los primeros arrepentidos

Un frase del fiscal Carlos Stornelli fue fundamental para que el primer empresario logre quebrarse y confesar: "No hay sortijas para todos". El abogado de Juan Carlos de Goycoechea, ex-CEO de Isolux, le comunicó a su defendido que "lo más probable es que quedes detenido" y eso determinó su confesión.

La idea de de Goycoechea era pagar la fianza de 30 millones de pesos para salir en libertad. Pero finalmente, el juez dispuso, por pedido del fiscal, que todos queden detenidos: empresarios y exfuncionarios.
"Acá no sale nadie", le dijo Stornelli al abogado de De Goycoechea, Javier Landaburu. Tras esto, el abogado planteó el panorama a su defendido: "No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos".

Al respecto del acuerdo no se tardó tanto como se creía. Los términos habían sido establecidos y se basaba en que la excarcelación sólo sería posible si admitía haber pagado coimas.

Lo que contó ante los Justicia, fue que tras haber ganado la licitación en Río Turbio, para la construcción de la central térmica, lo llamó Roberto Baratta para pedirle dinero para canalizar el primer certificado. De Goycoechea le dijo a Stornelli que en ese momento llamó a España, donde estaba la sede de la empresa, y pidió instrucciones.

Ante cada uno de los certificados de obra, desde Madrid llegaba una llamada. Le indicaban en qué financiera porteña se debían retirar los dólares en efectivo. De Goycoechea dijo que él los retiraba, lo llamaba a Baratta y el exfuncionario, hoy detenido, pasaba a buscarlo por Maipú 741, donde el ejecutivo tenía un estudio.

Además el empresario reconoció que desde 2009 hasta 2014 hizo al menos tres pagos por año por importes que iban de 250.000 a 300.000 dólares porque "era la manera de liberar los pagos".

Luego de la confesión de de Goycoechea, su abogado comenzó a pensar estrategias para el primo de Macri, Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero.

Calcaterra acordó decir que que todas las coimas se pagaron por su orden y que nada tenía que ver Sánchez Caballero. También reconoció varios pagos y todos a Baratta, aunque también involucró en alguno a Nelson Lazarte, el secretario privado del exfuncionario que hoy también está detenido.

Así que estableció que todos salieran en libertad con el compromiso de no alejarse de su domicilio ni salir del país sin avisar.