Hijo de Báez investigado por venta de ovejas, se habría quedado con US$1.500.000

Leandro Báez, hijo del empresario Lázaro, será investigado por la justicia por un faltante de un millón y medio de dólares.

María Servini es la jueza a cargo de la investigación que nació luego de una denuncia del fiscal Abel Córdoba ante el Tribunal Abel. Se investiga una venta de lana de ovejas cuando no podía realizarlas debido a que fue embargado e inhibido.

Martín, el otro de los hermanos, fue detenido por la violación de medida cautelares impuestas sobre sus bienes.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) es quien intima a Leandro a explicar lo que sucedió con ese 1,5 millón de dólares que pertenecen a una empresa intevenida en la causa por lavado de "la ruta del dinero K". El dinero corresponde a una venta de lana que se "habría realizado en negro", según la Justicia, para evitar "controles".

Como el dinero no fue reintegrado, se ordenó una investigación por lo que la situación de Leandro quedó más que comprometida. Ya tuvo un pedido de detención del fiscal Córdoba , aunque fue rechazada por el Tribunal.

Sebastián Casello, juez, y el fiscal Guillermo Marijuan investiga a la familia Baéz por lavado de dinero, en una causa conocida por "la ruta del dinero K". Lázaro y sus hijos fueron responsables el blanqueo de 60 millones de dólares en tres años.

Lázaro lleva ya tres años preso y comparte pabelló con Martín, el hijo detenido por violar embargo de 600 millones quien autorizó el movimiento de cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos.

Leandro fue intimado por la interventora de la empresa Austral Agro, Susana Inés Santrasola, quien detectó el faltante de dinero que correspondería a la venta de lana.

La Justicia entiende que la familia Báez aún posee "influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”. El TOF intervino Austral Agro ante la falta de colaboración de Leandro Báez, acusado de estar ante una "grave maniobra de sustracción de un cuantioso volumen de lana de las arcas de la empresa que debe ser investigado, toda vez que se estarían eludiendo las medidas restrictivas que pesan sobre la compañía o vaciando a la misma de su capital".

En el informe explica que la lana se habría vendido a los "proveedores habituales" y sospecha que alguna "estancia vecina actuó como facilitadora".

La defensa de Báez entiende que estas maniobras se realizaron para pagar sueldos, pero la interventora de la compañía aseguró lo que se adeudaba "fue abonado por esta intervención".