Ante la Cámara de Casación en Comodoro Py, Mario Zavala ratificó las denuncias por amenazas que involucran al actual gobernador puntano.
Por Canal26
Miércoles 12 de Junio de 2019 - 09:58
Un ex funcionaro del gobierno de San Luis, Mario Zavala, solicitó ingresar al programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación. Zavala denunció ser víctima de amenazas ante la posibilidad que declarara en la ciudad de Buenos Aires ante la Cámara de Casación Penal e involucrara al actual gobernador Alberto Rodríguez Saá en una causa por “coacción agravada”.
Zavala ratificó en Comodoro Py la denuncia que hizo en San Luis en marzo pasado ante la comisaría seccional séptima. Allí describió que dos policías se apersonaron en su domicilio y relató: “uno de estos uniformados comienza a amenazarme diciéndome ‘ojo con lo que vas a declarar en Buenos Aires, no nombres ni al Freixes ni al Alberto’, por el actual ministro y gobernador de la provincia de San Luis, respectivamente”, indica la denuncia. Acto seguido denunció golpes en el rostro y en el torso que lo dejaron sin conocimiento.
Zavala fue viceministro de Legalidad del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, durante el periodo 2003-2011 y fue condenados en noviembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de San Luis, en una causa que provocó un escándalo en el sistema judicial puntano.
El ex funcionario fue acusado de “coacción agravada”, en el marco de una serie de maniobras con las que hacían firmar renuncias anticipadas como un requisito indispensable para ocupar cargos en el Poder Judicial. La causa en la que coartaban a los jueces fue conocida como “renuncias anticipadas”.
La Fiscalía pidió la condena a los acusados a 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación para el acceso a cargos públicos, al considerarlos coautores del delito.
Uno de los testimonios más importantes fue el de Mirtha Vallica San Martín, ex jueza Penal, quien en su testimonio aseguró que actuó “voluntariamente” en torno a la renuncia. Sin embargo el fallo indicó que ello no implica que se exima la coacción, ya que el delito no consiste en la supresión de la voluntad sino que atenta desde la exigencia.
El pedido de Zavala fue solicitado por Alejandra Suárez, secretaria del Tribunal Oral Federal de San Luis, ante el Ministerio de Justicia y este miércoles lo irán a buscar a San Luis para sumarlo al programa de protección de testigos nacional.
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