La ex presidente intenta exhibirse por encima del resto de los senadores. Busca mostrar que permite y condiciona los allanamientos a sus domicilios. Es una manera de vestir su forzada decisión de romper el silencio.
Por Canal26
Miércoles 22 de Agosto de 2018 - 06:42
El Senado tratará la autorización pedida por el juez Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien manifestó que no tiene "ningún inconveniente" en que se permita esa medida pero puso una serie condiciones sobre las cuales no hay acuerdo entre Cambiemos y el peronismo.
La Cámara alta sesionará a partir de las 14:00 y, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada, esta vez habrá quórum para tratar el pedido de allanamiento, según indicaron fuentes de distintos bloques a NA, pero el resultado de la votación quedó abierto debido a las condiciones que puso la ex mandataria.
Mediante una carta dada a conocer poco antes de la reunión de Labor Parlamentaria de este martes para organizar la sesión, la senadora del Frente para la Victoria (FpV) manifestó que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio".
En la misiva, que fue presentada por el jefe del bloque FpV, Marcelo Fuentes, a sus pares durante la reunión, la referente opositora manifestó que "esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".
Con la carta, la ex mandataria se anticipó a una posible derrota política, dado que el oficialismo ya se había asegurado de sentar a todos sus senadores y una parte del Bloque Justicialista entendió que no tenía margen para dejar la sesión sin quórum o rechazar el pedido del juez.
Sin embargo, Cristina Kirchner enumeró en la misiva una serie de condiciones como que "no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento" y que estén presentes sus abogados durante los allanamientos.
También pidió que haya "un senador o senadora" elegidos por ella, que "se resguarden los objetos de uso personal" y por último "que Bonadio no rompa nada" y utilice "los instrumentos técnicos con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".
Durante la reunión de Labor Parlamentaria los senadores de Cambiemos, del Bloque Justicialista y del FPV no lograron ponerse de acuerdo respecto de estas condiciones, dado que el oficialismo entiende que algunas de esas cuestiones exceden al Senado y quedan a criterio del juez.
Según supo NA de fuentes que participaron de la reunión, Cambiemos no aceptó la condición de que no haya cámaras y tampoco que haya senadores designados por la ex mandataria como veedores del procedimiento ordenado por Bonadio para los domicilios de El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante, sí hubo consenso en pedir al juez que las imágenes de los allanamientos no se difundan, algo que el oficialismo consideró como "un pedido racional" por parte de la líder de Unidad Ciudadana.
Frente a estos desacuerdos, el Bloque Justicialista elaborará un borrador del texto que será sometido a votación, en el que contemplarán algunas de las condiciones que puso la ex presidenta, y el oficialismo manifestará luego si está o no de acuerdo, dado que la idea es consensuar lo que se vote.
Tampoco hubo acuerdo sobre el tiempo que se le dedicará al tema: la idea compartida por Cambiemos y el Bloque Justicialista era darle un tratamiento rápido, con pocos discursos, pero Fuentes y la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtieron que quieren tomar la palabra para cuestionar a Bonadio.
Estas diferencias respecto de las condiciones que puso Cristina Kirchner ponen un manto de duda sobre el resultado de la votación.
Los allanamientos fueron ordenados por Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra publica durante la gestión kirchnerista, conocida como "cuadernos de la corrupción".
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