Ciudad de Buenos Aires se adhirió al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo

Pañuelazo frente al Congreso.

La Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas.

"La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres", dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura.

Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo "transversal de todas las fuerzas políticas" y que la decisión fue tomada "en articulación con la sociedad civil".

El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien hoy se definió como "el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste".

"¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo", sostuvo.

De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, "se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección".

En cambio, las niñas menores de 13 años "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado".

Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que "el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres".

El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó durante el debate que en Argentina "cada tres horas una menor es madre" y que en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de "violencia intrafamiliar".

Y luego agregó: "Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes quienes mueren por aborto clandestino".

Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE "no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada".

Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, "reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo".

Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE también se encontró la de Carolina Estebarena (VJ), quien consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención", y pidió al Estado "considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG".

En este sentido, el protocolo establece que el acceso a la ILE "implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho", a quien "el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible".

El resultado de ese "proceso de consentimiento informado -agrega- es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos".

El protocolo nacional al que adhirió la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo.

Como consecuencia, regía en la Ciudad un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ana María Bou Pérez (VJ) fue una de las últimas oradoras, y afirmó que "mas allá de las diferencia, el Estado tiene que estar siempre presente en cuestiones de salud".