La investigación de la Procuraduría que denuncia aprietes y amenazas a presos y sus familiares por parte de los capos narcos

Una investigación de la Procuraduría contra el narcotráfico, que analizó las cárceles federales, denuncia que los narcos obligan a familiares de detenidos a cometer delitos afuera.

El crecimiento del crimen organizado desde las unidades carcelarias que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), suma otro preocupante ingrediente para las autoridades judiciales: extorsiones y amenazas a familiares de detenidos.

Cuatro meses atrás, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Diego Iglesias, realizó un crudo informe en el que expuso la problemática y recomendó medidas urgentes para terminarla pero hasta ahora el Gobierno ignoró las peticiones.

"Se advirtió que las organizaciones se sirven de contactos del exterior, que en la mayoría de los casos conforman un entramado delictivo, que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad", indica el documento oficial.

Para llevarlo a cabo, indica, "se sirven fundamentalmente de dispositivos de telefonía celular que los mantiene en contacto con quienes se encargan de ejecutar las acciones".

Los narcos presos desarrollaron otro método que tiene que ver con los familiares de los detenidos. Alguno ejemplos, según cita un artículo de Lucía Salinas para Clarín, son Marco Antonio Estada González que "continuó liderando la organización dedicada a la distribución y comercialización de drogas y acopio de armas de fuego, desde el Complejo Penitenciario Federal II, en el que se encontraba detenido". Se comprobó -sostiene el informe- "que esta persona, a través de familiares, mantuvo activa una cadena de mando para transmitir directivas y continuar con las actividades delictivas de la estructura ilícita de la organización".

Otro caso que cita el informe es el de Mario Segovia, detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza quien "continuó impartiendo directivas a los demás integrantes de la organización y brindando los recursos necesarios para perpetuar las actividades de tráfico ilícito y mantener la estructura que lideraba".

Las órdenes eran transmitidas "de manera personal durante las visitas que recibía, o bien a través de comunicaciones telefónicas mediante aparatos de telefonía celular ingresados irregularmente a su unidad de detención y también mediante cartas manuscritas con un sistema de codificación, entregadas a familiares o subordinados mediante medios postales o entregadas personalmente durante las visitas en la unidad".

Otra de las formas para seguir cometiendo delitos es a través de "amenazas y extorsiones a familiares de otros presos que cumplen pena por otros delitos", señalaron fuentes del caso.

Este punto también fue volcado en el informe que se remitió el 18 de octubre del año pasado a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.

"Se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad", sostiene el documento que la Procuración General de la Nación elevó al Ministerio de Justicia.

Fuentes judiciales explicaron que las órdenes también "incluían a familiares de otros presos bajo la amenaza de poner en riesgo la integridad de quien se encuentra en prisión".

Los mecanismos bajo investigación y advertidos a las autoridades del SPF para que implementen mayores controles no dejan exento al personal penitenciario. "Están quienes también reciben amenazadas y bajo esa coacción son llevados a delinquir", indicaron autoridades judiciales.

"En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario, tanto para facilitar, como para permitir el ingreso de dispositivos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios. Al respecto, en uno de los casos analizados se investigó la conformación de una organización integrada por personal penitenciario que habría provisto a los internos de teléfonos celulares", agrega el informe. Con información de Clarín.