Venezuela intentó justificar el cierre de la oficina de la ONU: "Bufete de golpistas"

Venezuela y ONU. Foto: CNN

El canciller de Venezuela, Yván Gil, habló sobre el cierre en Caracas de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para justificarlo, aseguró que se había alejado de su "mandato de imparcialidad" para ser "una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas", luego de exigirle al personal afectado a esa dependencia que abandone el país.

Gil habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro se vio "obligado" a ordenar el cierre de dicha oficina. Según él, la oficina "se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales" que "atacan las instituciones".

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Denuncia por las sanciones

"Resulta sorprendente que la oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno nacional de intentos de golpes de Estado y magnicidio recientemente frustrados", denunció el jefe de la diplomacia venezolana, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

A la vez, el canciller denunció "enérgicamente" las sanciones impuestas contra Venezuela, así como "el evidente doble rasero que impera en este organismo con respecto a los países del Sur Global", según escribió en la red social X (ex Twitter).

Gil, Venezuela. Foto: EFE

"Se pretende ejercer un control y entrometerse en los asuntos internos de estas naciones bajo el pretexto de proteger los derechos humanos", aseguró.

"Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi mil medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y extorsivas", resumió Gil, que atribuye estas "disposiciones criminales" a intentos para forzar "un cambio de régimen" en el país sudamericano.

No obstante, el ministro afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para defender los DDHH en Venezuela y estará dispuesto a colaborar estrechamente con la ONU en iniciativas que beneficien a la población.

Nicolás Maduro. Foto: Reuters.

La oficina técnica del Alto Comisionado de la ONU comenzó a trabajar en Venezuela en el año 2019, durante la etapa de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como responsable del organismo. La orden de cierre de Caracas implicó también la salida del país de todo el personal de esta oficina.

La medida tomada por el gobierno venezolano es una respuesta a la postura que esa oficina de la ONU expresó en un comunicado, en el que señaló su "profunda preocupación" por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero en la migración del aeropuerto de Maiquetía, en el estado de La Guaira, crítica de Maduro y acusada por el Gobierno de "terrorismo".