Reforma jubilatoria de Macron: Consejo Constitucional francés aprobó las polémicas medidas claves

Emmanuel Macron, Francia. Foto: Reuters.

Francia vive momentos de máxima tensión luego de que el Consejo Constitucional francés validara la legalidad de elevar a 64 años la edad jubilatoria. Este era un punto principal de la reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en un dictamen que marca el futuro del conflicto social tras tres meses de protestas y huelgas masivas.

La institución garante de la Constitución rechazó además un pedido de la oposición de izquierda de celebrar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años, mientras que censuró algunos puntos menos controvertidos del proyecto sacado por decreto.

Manifestaciones contra Macron en Francia. Foto: Reuters.

La decisión fue recibida con abucheos por parte de los manifestantes congregados en la plaza de la Alcaldía de París. Poco antes corearon: "Constitucional o no, esta ley no la queremos", "Continuaremos hasta su retirada" y "Fuera Macron".

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Qué dice el polémico fallo

El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.

Aunque anuló partes de la reforma, como la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados, la validación de los puntos clave de la ley es un triunfo para el Gobierno.

Marchas en Francia contra reforma impulsada por Macron. Foto: Télam.

"Si hay censura de ciertos puntos pero no de los 64 años, entonces no servirá para resolver el conflicto social", había advertido más temprano el líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger.

La tensión sigue presente en las calles: desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente, las marchas son menos numerosas, pero la intensidad amenaza con remontar.

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Macron en el centro de la polémica

El mandatario está acusado de haber creado una "crisis democrática" al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.

Con esta ley, que según el Gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, el presidente también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.