La situación en el país centroamericano se agrava con el correr de los días, en medio de manifestaciones por una "medida inconstitucional".
Por Canal26
Miércoles 25 de Octubre de 2023 - 21:32
Este miércoles, el Episcopado de Panamá pidió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie "urgentemente sobre la inconstitucionalidad" del contrato ley que renovó la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de la empresa minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota una gran mina de cobre y el cual es rechazado con protestas desde hace ya unos tres días.
Mediante un comunicado publicado este miércoles, los obispos afirmaron que el pronunciamiento urgente de la máxima corte sobre la "inconstitucionalidad" del contrato ley es la manera para "superar la confrontación y traer paz, buscando espacios de encuentro, consensos y soluciones en las que todos" participen.
De todas maneras, este no es el primer recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema contra el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, aprobado y publicado en la gaceta oficial el pasado 20 de octubre, en un trámite inusualmente rápido.
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Activistas y juristas señalan que este nuevo contrato sigue la misma línea que el anterior, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017. De todas maneras, el Gobierno de Laurentino Cortizo defiende que, entre otros beneficios, el trato actual es legal, multiplica por 10 las ganancias para el Estado y garantiza la vigilancia medioambiental.
"El modelo consumista y extractivista que genera graves daños para la vida humana y el medio ambiente, si bien genera mucho dinero, no contribuye al desarrollo humano integral (...) poner el bienestar económico por encima de la vida es un grave error", afirmaron los obispos.
Además, tildaron de "preocupante" que "se haya procedido con demasiada celeridad a la aprobación del contrato minero (...) a pesar de los permanentes cuestionamientos de la sociedad", a lo que atribuyeron "la crispación de un gran sector de la población que ha producido una infortunada situación de confrontación, represión y violencia".
Mientras tanto, los bloqueos en las rutas y avenidas de la capital y el interior del país continúan su marcha pese al llamado a la calma y al diálogo hecho el martes por el Gobierno y las patronales, al que se sumaron este miércoles gremios como el de los abogados.
Los cortes son realizados en mayor parte por obreros de la construcción, mientras que, por su parte, activistas, docentes y estudiantes realizaron marchas (varias de ellas masivas) que estuvieron marcadas por actos de vandalismo que dejaron propiedad pública y privada afectada o destruida, además de intentos de saqueo.
Este miércoles, el Órgano judicial informó que tres personas fueron sentenciadas a cuatro años de cárcel luego de ser atrapadas cuando saqueaban un comercio cercano al Parlamento en el marco de las manifestaciones.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que, solo el martes, 16 personas resultaron heridas en las protestas en todo el país, mientras que 15 más fueron capturadas por las autoridades.
En este contexto, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) decidió extender por otras 48 horas el paro nacional iniciado el martes como medida de presión para que el Gobierno derogue el contrato ley.
Siguiendo esta línea, los médicos del Hospital Santo Tomás, el principal del país y situado en la capital, anunciaron un paro de labores de 48 horas a partir del jueves y se sumaron así a sus colegas de la Caja del Seguro Social, que ayer decretaron una huelga de 72 horas.
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