Presos políticos, proscripciones electorales y torturas son algunos de los hechos cotidianos que ocurren en una degradada democracia venezolana.
Por Canal26
Miércoles 20 de Marzo de 2024 - 11:53
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela definió en un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, que el Gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro reactivó "la modalidad más violenta de represión". En este sentido, la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, destacó que "las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno", relacionadas a la denominada Operación Brazalete Blanco, una supuesta trama que busca asesinar al mandatario venezolano.
En este periodo, señaló la funcionaria de la ONU, se pasó de una etapa menos represora de la oposición, en la que el régimen de Nicolás Maduro solamente creaba "un clima de temor e intimidación", a un periodo más violento "que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio".
Valiñas indicó en este sentido que en enero de 2024 Maduro exigió "activar la Furia Bolivariana" tras afirmar que en 2023 se desactivaron cuatro conspiraciones para matarlo y para organizar golpes de Estado en su contra. Además, el presidente venezolano detalló que la Fiscalía General dio a conocer la Operación Brazalete Blanco. En el contexto de la lucha contra esta última conspiración se rebajó y expulsó a 33 militares y se arrestó a diferentes activistas críticos del Gobierno.
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Entre ellos, recordó Valiñas, hay dirigentes políticos del partido Vente Venezuela (la formación de la líder opositora María Corina Machado) y defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez o la hispanovenezolana Rocío San Miguel. La presidenta de la Misión de la ONU resaltó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, estuvo en paradero desconocido durante cinco días hasta que las autoridades revelaron que estaba "en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión".
Además, la funcionaria del organismo subrayó que ese mes, después de que tanto la misión que preside como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestaran su preocupación por San Miguel, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica de la citada oficina y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La jefa de la misión que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá añadió que junto a San Miguel reportaron casos de otras 18 mujeres que permanecen arrestadas bajo la imputación de estar asociadas o involucradas en "conspiraciones" para derrocar al Gobierno.
En este marco, Valiñas señaló que en los seis meses examinados por la misión se logró firmar en Barbados un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para que ésta pudiera asistir a los comicios del 28 de julio de este año, pero acciones posteriores pusieron en evidencia los obstáculos para su puesta en práctica.
La líder de la misión de la ONU puso como ejemplo la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre, ganadas por extensa mayoría por María Corina Machado, y la ratificación por la misma instancia de justicia de su inhabilitación política de 15 años, el 26 de enero.
"Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", dijo Valiñas.
Ésta también llamó la atención sobre las órdenes de arresto contra 14 personas, entre ellas destacados dirigentes opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López, por su presunta relación con una conspiración contra el plebiscito consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.
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En el turno de réplica, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra negó una vez más las conclusiones de la misión e incluso la legitimidad de ésta, creada en 2019 por el propio consejo para investigar abusos en el país centroamericano.
"Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo (la misión) con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo", dijo un representante de la delegación.
"Pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible", dijo el representante del Gobierno de Maduro en alusión al trabajo de una misión que a su juicio "apela a fuentes anónimas e incluso inventadas".
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