La Justicia argentina pidió reabrir la causa contra los crímenes del gobierno de Maduro en Venezuela

La Cámara Federal porteña emitió un fallo en el que se ordenó reabrir la causa que investiga la responsabilidad de Nicolás Maduro y su gobierno en crímenes y violaciones de derechos humanos.

Por Canal26

Viernes 5 de Abril de 2024 - 15:57

Nicolás Maduro. Foto: EFE. Nicolás Maduro. Foto: EFE.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó este viernes que se reabra la investigación acerca de la responsabilidad de Nicolás Maduro y su gobierno en crímenes y violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Venezuela. Según el fallo, son consideradas de "extrema gravedad" los delitos, por lo que hay actuar sin "dilación ni demora".

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens fueron los que presentaron el fallo y agregaron que "corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters.

Además, la resolución apunta que se realicen todas las diligencias que impulsó el fiscal Carlos Stornelli "con celeridad". En esa línea, se pidió el llamado de declaración indagatoria para los imputados, que incluyen a figuras como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y "todos aquellos identificados como responsables y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

Uno de los votos realizados también indica que se deben contar con "todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”. El próximo paso de la investigación es que pasará a manos del juez Sebastián Ramos. Un punto que no resulta menor es que Venezuela se encuentra en pleno proceso electoral y el próximo 28 de julio se elegirá presidente, donde Maduro busca la reelección.

Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, ANC, foto Reuters Diosdado Cabello. Foto: Reuters.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE.

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Fue el fiscal federal Carlos Stornelli quien impulsó la investigación para esclarecer si se llevaron adelante violaciones a los derechos humanos. Algunas de las medidas realizadas incluían pedidos de informes a jueces y fiscales venezolanos, además del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La denuncia apuntaba que "Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”.

Stornelli avanzó con la imputación de integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. La causa pasó al juez Sebastián Ramos y se sumó a otras denuncias que ya existían sobre el gobierno venezolano. Una de ellas tiene el fallo de Gerardo Pollicita, que había mencionado que la Corte Penal Internacional (CPI) trabajaba en una demanda del 2018 que fue promovida por presidentes de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá.

Nicolás Maduro. Foto: EFE Nicolás Maduro. Foto: EFE

Incluso el propio Ramos ya había archivado la causa, aunque un grupo de víctimas realizó una apelación donde mencionaron que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación".

Por su parte, los jueces de la Cámara Federal apuntaron que “los hechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos”.

Y sumaron acerca de “la gravedad de la afectación de garantías fundamentales que, según se anoticia, afectan a amplios sectores de la población civil y que se ejercerían desde la estructura misma y utilizándose el poder público estatal, se impone revocar la decisión” que ordenó cerrar la causa, para dar respuesta a “los fines esenciales y tuitivos del derecho de gentes, de la jurisdicción universal y la evitación de mayores daños”.

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