El pasado 17 de diciembre, Andrea Vidal Gómez murió tras un ataque armado en el distrito limeño de La Victoria. Se cree que habría sido víctima de una trama de prostitución sistemática operada desde el Parlamento.
Por Canal26
Lunes 23 de Diciembre de 2024 - 11:16
El reciente asesinato de Andrea Vidal Gómez, una abogada de 28 años y extrabajadora del Congreso de Perú, destapó un escándalo de corrupción y abuso en el centro de una de las instituciones más importantes del país.
La letrada, quien falleció el pasado 17 de diciembre tras un ataque armado en el distrito limeño de La Victoria, habría sido víctima de una trama de prostitución sistemática operada desde el Parlamento.
El brutal atentado, en el que más de 40 disparos alcanzaron el vehículo donde viajaba, inicialmente fue atribuido a un ajuste de cuentas contra el conductor. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el objetivo era Andrea, quien, hasta su despido en septiembre, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, dirigida por Jorge Torres Saravia.
Este funcionario ahora enfrenta acusaciones graves que lo vinculan con una red de explotación sexual y corrupción política. De acuerdo con las revelaciones, Torres Saravia habría utilizado su posición para orquestar un esquema que incluía la contratación ficticia de mujeres bajo cargos administrativos.
Estas empleadas eran presuntamente forzadas a prestar favores sexuales a legisladores a cambio de influencias y votos clave en decisiones legislativas. La operación se desarrollaba en propiedades exclusivas alquiladas para reuniones privadas, donde se realizaban actos que ya son objeto de investigación por las autoridades.
Testimonios recopilados por los medios apuntaron a que Torres Saravia sería el responsable de grabar y distribuir material comprometedor, creando un ambiente de coacción y control. Una de las figuras vinculadas a estas actividades es Isabel Cajo, otra trabajadora del Congreso que, según las denuncias, habría ascendido en su posición gracias a su participación en estas reuniones.
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La relación de Andrea Vidal con esta red parece ser central en el caso. Según informes, ella habría tenido un rol relevante en el esquema, lo que la convirtió en un blanco tras su despido.
Su asesinato, ejecutado con precisión y planificación, sugiere un intento deliberado de silenciarla ante el riesgo de exposición de información comprometedora. En las semanas previas, se la vio visiblemente alterada tras reunirse con Torres Saravia, lo que aumenta las sospechas sobre el trasfondo del crimen.
Las denuncias sacudieron al Congreso peruano, con líderes de diferentes bancadas exigiendo investigaciones. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que se tomarán medidas para reorganizar la Oficina Legal y Constitucional.
Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Torres Saravia por proxenetismo y otros delitos relacionados con la trata de personas.
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César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, rechazó categóricamente las denuncias sobre una presunta red de explotación sexual operativa dentro del Congreso de Perú.
En un comunicado difundido este sábado, Acuña calificó de "difamatorio" el uso de su nombre en el contexto del escándalo, el cual involucra a un funcionario vinculado a su agrupación política.
El líder conservador aseguró que exigirá que las investigaciones, tanto judiciales como parlamentarias, lleguen "hasta las últimas consecuencias", incluso si estas alcanzan a miembros de APP. Según sus declaraciones, el caso afecta gravemente la reputación de su partido y del propio Congreso de la República.
A través de un mensaje en la red social X, Acuña expresó su rechazo a los hechos denunciados, calificándolos de "repudiables" y reafirmó su postura en contra de cualquier intento de desviar la atención de los verdaderos responsables.
"No voy a permitir que se desvíe la atención de las verdaderas responsabilidades, ni que se utilice mi figura como instrumento de calumnias", afirmó.
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