La coordinadora del Desayunador Salesiano Padre Chava aseguró que su cese "implicaría un efecto nocivo para la población".
Por Canal26
Sábado 5 de Agosto de 2023 - 19:30
El Desayunador Salesiano Padre Chava de Tijuana, considerado como uno de los albergues para migrantes más icónicos de la frontera norte de México, está por cerrar sus puertas tras más de 20 años de servicio, situación que ilustra el creciente flujo migratorio acompañado de menos recursos para la crisis humanitaria.
Ubicado a tan solo un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, el edificio es un referente por atender a la población vulnerable que se concentra en la ciudad, a quienes además les brinda atención médica, psicológica, legal y de aseo personal.
Claudia Portela, coordinadora del desayunador, aseguró que desde diciembre pasado, disminuyeron las donaciones en alimentos y, sobre todo, en efectivo, situación que hizo que mermaran sus operaciones, disminuya el personal que atiende a migrantes y que impidió el pago de servicios básicos.
"No estamos recibiendo ingresos, sabemos que de por medio hay temas como la inflación en Estados Unidos y también la pandemia a nosotros nos perjudicó en cierta forma, pero fue notoria la baja en donaciones", lamentó en diálogo con la agencia EFE.
Además, Portela expuso que cualquier atención a migrantes requiere de recursos económicos que a veces no tienen: "Nosotros al recibir a esta población que llega con necesidad tenemos que brindarle la atención de cualquier manera, por eso el llamado de solidaridad a las personas".
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La coordinadora del desayunador destacó que, durante los 23 años de existencia del lugar, siempre se han mantenido "gracias a la ayuda de la población y de la sociedad civil que se acerca".
El lugar cuenta con servicios médicos, abogados y psicólogos. Además, según explicó brindan "despensas a las familias de bajos recursos, les ofrecemos duchas, sin contar a estas personas migrantes y los deportados que llegan todos los días, este es un espacio de atención digna para ellos".
De todas maneas, lo que caracteriza al desayunador es la entrega de comida gratuita diaria, que en las últimas semanas oscila entre los 700 y los 900 platos, pero en su momento de mayor apogeo entregaban hasta 2.000. Lo relevante de esta labor, remarcó Portela, es que el alimento es preparado por los propios migrantes alojados en el albergue, que acoge a personas en su mayoría desplazadas o deportadas.
Por otro lado, también colabora como asociación civil con los gobiernos del municipio y del estado, así como con el Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir a migrantes que llegan o deportan a la ciudad. "No sólo a los extranjeros, sino a los que vienen del interior (de México) desplazados por violencia, las mujeres víctimas de violencia de género y los deportados mexicanos. Los recibimos, los atendemos lo más dignamente posible y, es cierto, cumplimos muchas veces un rol que el gobierno no alcanza a cubrir" apuntó.
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La situación refleja el panorama en las fronteras de México luego de que el pasado 11 de mayo llegue el fin del Título 42, medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la expiración de esta política migratoria los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron un 50 % entre mayo y junio, pero hubo un aumento del 36 % entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas.
Sobre el riesgo de cerrar el lugar, Portela advirtió que "implicaría un efecto nocivo para la población" que atienden: "Habría más personas con pobreza, habría más personas en situación de calle y, sobre todo, los estaríamos empujando a la delincuencia", indicó.
"La ausencia de la presencia nuestra no solo implicaría una falta de alimento a las personas, que además es un derecho, también la falta de servicios de salud, de asesoría legal, de acceso a la justicia, de un albergue para esas personas migrantes que quedarían en la calle. El daño mayoritario lo tendrían las personas más vulnerables de nuestra sociedad", añadió la coordinadora, quien le solicitó apoyo a las autoridades del estado de Baja California y de Tijuana.
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