La asociación Rancho Móvil cuenta con un permiso precario para explotar la zona y está edificando en un lugar donde sólo puede haber casillas rodantes. Pese a las denuncias, el gobierno de Carlos Arroyo no toma medidas al respecto.
Por Canal26
Miércoles 23 de Enero de 2019 - 11:32
Lo que parece ser un lugar paradisíaco frente al mar en Mar del Plata terminó siendo una zona de irregularidades que no son controladas por la intendencia de Carlos Arroyo.
Cabañas frente al mar en terrenos municipales y decenas de denuncias de construcción ilegal conviven bajo la falta de respuestas del intendente.
"Los vecinos están todos muy preocupados porque ven crecer un barrio privado en un sector donde no se puede. Ese es un espacio público que todos debieran poder disfrutar", dijo Karina Huarte al diario La Capital de Mar del Plata.
La integrante de la Asamblea por los Espacios Públicos, ONG impulsora de la denuncia, ejemplificó de una manera muy contundente: “Es como si yo me pusiera a construir un casa en el medio de la Plaza Colón y me fuera a vivir con mi familia”.
El predio está ubicado en el kilómetro 544 de la ruta 11 y fue cedido de manera precaria por la Municipalidad a la asociación civil “Rancho Móvil”.
Según el permiso que les fue otorgado sólo puede haber casillas rodantes, pero ahora está repleto de cabañas. “Es un misterio lo que pasa ahí. Nadie sabe con qué autorización se construyeron esas viviendas privadas y qué hace Rancho Móvil con el lugar”, dijo Huarte.
La grave denuncia de los vecinos y los ambientalistas derivó en que el Concejo Deliberante elevara un pedido de informes para que el Ente Municipal de Turismo diera detalles de lo que sucedía en el predio.
La respuesta no tardó en llegar y en octubre de 2018, el ente municipal aseguró: “Las construcciones denunciadas no han sido autorizadas por este ente y se desconoce la titularidad de las mismas. En virtud de ello, se han labrado las actas de inspección pertinentes y se ha intimado al permisionario a denunciar a quién pertenecen y a desmontar las mismas bajo apercibimiento”.
La asociación civil que controla las cabañas hizo oídos sordos a la decisión gubernamental y la falta de multas y controles hacen que el número de viviendas se haya multiplicado.
Ahora, se convocó a una sesión especial en el Concejo para responder preguntas sobre las irregularidades que se detectaron en estos terrenos y la situación en la que se encuentran todas las unidades turísticas fiscales que dependen de la Municipalidad.
Los concejales opositores esperan este momento para acorralar a la funcionaria del gobierno de Carlos Arroyo con preguntas que apuntarán a buscar explicaciones sobre por qué creció la cantidad de cabañas cuando debían desmontarse.
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