Se da una tensa situación, con fuertes cruces entre socios de un country por multas que serían aplicadas ante la violación de la cuarentena por Coronavirus.
Por Canal26
Miércoles 8 de Abril de 2020 - 11:37
Country El Barranco, Pilar.
No todos los aislamientos por el coronavirus se dan del mismo modo. Cuestiones de espacios y de habitante por metro cuadrado imponen esas diferencias. Pero los efectos que causan a unos y a otros a veces pueden ser comunes. La demanda social, o el deber a conciencia ante la pandemia, abarca a todos. El deseo de muchos por saltarse las normas se hace más marcado a medida que se avanza en la cuarentena y genera una sensibilidad enorme entre, por ejemplo, los miembros de un exclusivo barrio cerrado. Esto es lo que sucede en el country El
Barranco, ubicado en el kilómetro 38,5 ramal Pilar, o como se lo ubica comunmente, el que está frente al Tortugas.
El directorio de este barrio de 50 familias informó a sus habitantes que se detectó "el incumplimiento por parte de algunos socios del aislamiento social preventivo obligatorio al efectuar actividades prohibidas tales como caminatas, paseos de mascotas, actividades
físicas, circular en bicicleta, salidas no debidamente justificadas, etc." Por eso, a quienes incumplan con el aislamiento aplicarán "una multa de $ 15.000 ante el primer incumplimiento, y de $ 30.000 en caso de verificarse una segunda infracción a dicha restricción; más allá
de las denuncias a las Autoridades Nacionales de las que sean pasibles". En la argumentación a la aplicación de esa multa, se detalló que el incumplimiento del aislamiento "no sólo un delito, sino también una muy reprochable falta de ética".
La comunicación que se dirigió los socios del country El Barranco de las multas de $15.000 y de $30.000 a quienes no cumplan con el aislamiento social obligatorio (no justificado) dentro de las áreas comunes se generó porque una de sus habitantes —propietaria de un lote propio de mil metros cuadrados aproximadamente— hizo caminatas fuera del perímetro de su propiedad.
Ante el llamado de atención de su inconducta, es decir de que estaba fuera de su propiedad y de que no tenía un justificativo que lo ameritara, la propietaria —cuyo nombre se reserva— esgrimió un certificado médico firmado por una familiar directo que informa que
por su estado debe realizar "caminatas diarias con los recaudos posibles dada la pandemia del COVID19". Esa familiriadad médico-paciente generó dudas y se le advirtió nuevamente de su inconducta y de la multa. Y se pidió a los vecinos que colaboren para que todos cumplan con
la obligatoriedad del aislamiento.
Ante esa situación la respuesta de dicha mujer y de su familia al Directorio fue que pedir que dada la reclusión indeseada "no iniciaran una caza de brujas" y que la "escapada nocturna" que el grupo familiar hizo fue de noche para no importunar al resto de los socios. Además,
planteó que se tuviera en cuenta —no como justificativo— la existencia de menores "que no entienden por qué deben estar recluidos".
Claro que -finalmente- se llamó a desestimar la multa para evitar una escalada de conflictos.
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