Correo Argentino: mientras la Justicia avanza con la causa penal, analizan nuevo plan de pagos

Correo Argentino.

Todas las miradas están puestas en el Correo Argentino, en el avance de la causa en el fuero Comercial. El Gobierno tiene plazo hasta el martes 3 de septiembre para expedirse sobre el nuevo plan de pagos presentado por el Correo. Esta situación ocurre tras el aval de la Cámara Federal porteña a la investigación que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, donde se determinará si el acuerdo con el Correo fue abusivo. 

Se sabe que la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago, para sanear su deuda, de $296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Y hasta ofrece actualización de los intereses de la deuda, cuando el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la empresa en el año 2003.

Recibida esta propuesta, la Procuración del Tesoro, organismo responsable de aceptar o no el acuerdo, puso sus requisitos: pidió dentro del expediente judicial algunas especificaciones técnicas a la compañía. Habría pedido que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios que tiene la empresa contra el Estado, tal como afirma el matutino Clarín.

Al respecto, se sabe que también reclamó un gráfico de actualización de los intereses de la deuda y su forma de pago. Desde que se presentó la propuesta de los Macri, corrieron los plazos estipulados por la Cámara Comercial. Será la respuesta definitiva del Gobierno, y su última instancia de negociación.

EL PLAZO Y LOS NÚMEROS DEL CASO

El martes 3 de septiembre el Gobierno deberá dar una respuesta, tal el plazo de 15 días que fue dado por la Cámara. Y coincidirá en medio del calendario electoral, en el arranque de la campaña camino a octubre, con oficialización de los candidatos. Es probable que pueda incidir a la hora del voto, incluso.

Fue en 1997 cuando se privatizó el Correo Argentino. Fecha cuando la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad Macri, 67%) y socios minoritarios. Al no pagar el canon, creció la deuda con el Estado. En 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, el Correo fue estatizado y por la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Durante esos años, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado: por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar presuntas inversiones realizadas.

En épocas en que Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, junio de 2016 más precisamente, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado: el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%.

A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional". Y dijo además que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado.

Según los cálculos de la fiscal Boquin, la pérdida para el Estado era de más de 4.000 millones de pesos. Eso provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el 2033.

A partir de esta situación, todo derivó en la causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo. Los hombres imputados son el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

La operación otorgaba "un beneficio ilegítimo para la concursada", ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%), según la acusación formulada por el fiscal Gerardo Pollicita en la justicia federal. El representante del Miniserio Público Fiscal acusó de "carácter abusivo del acuerdo celebrado", porque consideró que lo aceptado por los funcionarios de Macri "implicaba reducir la acreencia del Estado a una suma que atentaba contra la integridad de su crédito".

Tras indagar a todos los imputados, el juez Lijo impulsará medidas de prueba contables para determinar si hubo perjuicio a raíz del acuerdo celebrado en 2016 entre el Correo y el Estado. Y a partir de ello, la causa en la que está investigada la familia Macri seguirá dando que hablar en medio de la carrera presidencial que quiere continuar el actual Presidente.