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Nicolás Petro Burgos develó que siempre "le recalcaba" que "era Euclides Torres el que estaba financiando los eventos". El financiamiento sería ilegal por no ser reportado ante el CNE.
Aquellas cabeza de familia que tengan una condena de ocho años o menos, comenzarán a quedar en libertad en Colombia cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario, como una medida sustitutiva de su condena.
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