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El máximo tribunal confirmó una sentencia favorable a la provincia y fijó las pautas de cómo el Estado nacional tiene que pagarle. La decisión se produjo luego del encuentro de los magistrados con el ministro de Justicia, Martín Soria.
La Cámara de Casación concedió las apelaciones contra un fallo dividido que consideró que se trató de delitos comunes y, por lo tanto, están prescriptos.
Por Yasmin Ali
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