Tres fallos judiciales complican a Alberto Fernández en su intento de cerrar la causa por la Fiesta en Olivos

Alberto Fernández, fiesta en Quinta de Olivos. Foto: NA.

El escándalo por las reuniones presenciales y festejos llevados a cabo en la Quinta presidencial de Olivos en plena etapa de aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus sigue en aumento. Lejos de acallarse el tema, siguen surgiendo datos y evidencias que complican el plan del presidente argentino Alberto Fernández por dar por cerrado el tema que tanto afecta a su propia credibilidad y la del Gobierno que encabeza.

Con este marco, bien vale destacar que no solo se trató de la fiesta de cumpleaños de la primera dama llevada a cabo el 14 de julio, sino que -de acuerdo a lo investigado por Román Lejtman, y plasmado en un artículo exclusivo para Infobae- también el sábado 22 de agosto de 2020, el primer mandatario y su pareja recibieron a Hugo Moyano y su familia.

En esa oportunidad, hubo almuerzo y charlas de sobremesa, todo en la máxima relajación y sin respetar el distanciamiento y el aislamiento social decretado por el mismísimo presidente. Tal como dice Letjman en su nota, Moyano llegó a la quinta presidencial junto a su esposa Liliana Zulet y su hijo menor Jerónimo, y a los postres se sumaron Daniel Llermanos -su abogado- y el ministro del Interior, Wado de Pedro. Todo se supo por un tuit posteado por Pablo Moyano tras el evento.

La foto difundida generó tres denuncias por violación del Código Penal -artículo 205- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641/2020, que había sido firmado por Alberto Fernández y sus 21 ministros. El supuesto hecho ilícito había sido cometido en Olivos (provincia de Buenos Aires), y las tres denuncias fueron presentadas en los tribunales porteños de Comodoro Py.

Esta reunión con los Moyano tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos apenas seis semanas después del cumpleaños de Fabiola Yañez, un momento en el que todavía estaba vigente la prohibición de todas las reuniones sociales en Buenos Aires, y el lugar fue el mismo: la quinta presidencial de Olivos.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Ramiro González, quien -según el informe de Letjman en Infobae- recibió la pesquisa del juez federal Sebastián Casanello, que en definitiva toma las decisiones procesales.

Entre tanto, la reunión llevada a cabo en Olivos ha sido denunciada también ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que ya se encargó de solicitar la causa a la dupla González-Casanello para determinar si tiene competencia o no.

La competencia de la denuncia efectuada contra el presidente, su mujer y nueve conocidos de la pareja es fundamental para la estrategia de defensa que pretende llevar adelante Gregorio Dalbón, abogado defensor del jefe de Estado, quien pone todas sus fichas en el cierre definitivo de la causa, con el objetivo de evitar una sentencia condenatoria por medio de una conciliación que pretende negociar con el fiscal González.

Así mismo, -dice Román Letjman en su artículo exclusivo para Infobae- y al margen de la endeblez jurídica de los argumentos de Dalbón para lograr la conciliación a favor del Presidente, si la causa sale de Comodoro Py y llega a los Tribunales de San Isidro, Alberto Fernández y su abogado deberán buscar otra estrategia para enfrentar las consecuencias penales de la fiesta ocurrida el 14 de julio de 2020.

La denuncia por la reunión del presidente con los Moyano pasó entonces a los juzgados de Casanello, María Romilda Servini y Marcelo Martínez de Georgi. Por entonces, Casanello tenía como fiscal federal a Carlos Rívolo, quien presentó un escrito que afirmaba concretamente que la competencia era de los tribunales de San Isidro. Eso llevó a que Casanello actuara sin dudar, y debido a que todo sucedió en Olivos, la competencia era de San Isidro. Así, según Letjman en Infobae, declinó la competencia en manos de Lino Mirabelli, que está a cargo del juzgado federal número 2. Lo mismo resolvieron Servini y Martínez de Georgi. Con esta previa, Casanello debe decidir ahora si respeta su previa decisión o -en su defecto- argumenta otras cosas para que todo siga en su juzgado. Ya no está Rívolo para fijar posición, y su colega González aún no emitió su parecer.