El empresario sería llevado a los tribunales para que un juez decida sobre su expulsión.
Por Canal26
Lunes 8 de Abril de 2019 - 07:45
La esposa y el hijo del empresario de la carne Alberto Samid llegaron a Belice, donde se encuentra detenido, mientras el Gobierno argentino espera por su regreso al país pese a que no tiene un acuerdo de extradición con dicho país.
María Scarafia y su hijo José Alberto Samid llegaron el 7 de abril al mediodía al país caribeño para encontrarse con el "Rey de la carne", quien escapó del país a través de Paraguay con escala previa en Panamá.
Según el sitio local The San Pedro Sun, el hijo del empresario expresó su preocupación por el estado de salud de su padre al denunciar que no recibe el tratamiento adecuado en el lugar de detención.
Los próximos pasos serán contratatar un abogado para resolver la situación y aseguró que Samid no recibe los medicamentos según lo recetado, lo que provocó problemas de presión arterial.
Argentina no cuenta con un acuerdo de extradición con ese país y el Gobierno envió dos oficiales de la Policía Federal a Belice para iniciar negociaciones y así lograr la deportación de Samid, que podría concretarse el martes o el miércoles 10 de abril, según el medio local.
Durante este lunes 8 de abril, Samid sería llevado a los tribunales para que un juez decida sobre su expulsión.
El ex vicepresidente del Mercado Central no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención.
Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba: en el alerta roja de Interpol se señalaba que Belice era un posible destino que habría elegido el empresario.
El empresario está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.
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