Reforma judicial: cuáles son los ejes del proyecto anunciado por Alberto Fernández

Alberto Fernández en aperturas ordinarias, NA.

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Justicia Federal que "impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho" y que incluirá, entre sus puntos centrales, la creación de un nuevo Fuero Federal Penal que ponga fin a la "concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido".

"En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", sostuvo el Presidente al anunciar el paquete de iniciativas que pretende un "reordenamiento" de la justicia federal.

La reforma judicial fue uno de los puntos salientes del discurso de Fernández al abrir el 138 periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, en la que anunció también la creación de un nuevo fuero federal penal que "unificará" a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la conformación de un consejo para "afianzar la administración de Justicia en la República Argentina".

Estos anuncios, que habían sido anticipados en líneas generales por el propio mandatario la última semana, en declaraciones periodísticas, se dan en el marco de contrapuntos generados entre el Gobierno e integrantes del Poder Judicial por el proyecto oficial de reforma de las jubilaciones de privilegio que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que esta semana comenzará a ser tratado por el Senado.

Esta iniciativa viene generando severas críticas entre los magistrados, que se quejaron por la poca participación que tuvieron en la discusión del proyecto y confirmaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que pedirán la inconstitucionalidad de la norma en caso de que sea sancionada.

"Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho", subrayó el Presidente al anunciar el envío de un proyecto de reforma de la Justicia Federal.

En varias oportunidades, el Presidente denunció el "lawfare" practicado con la "complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores", durante la administración de Mauricio Macri.

Con los cambios impulsados en la justicia federal -remarcó el mandatario- los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del estado nacional, "dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados", lo que -según dijo- posibilitará "terminar para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido".

Ese aspecto de la reforma, según detalló, comprenderá "una profunda transformación" en el ámbito de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que -definió en su discurso ante la Asamblea- "resulta otra área clave para resguardar los intereses patrimoniales del Estado y de todos los argentinos".

En este punto, indicó que la transformación impulsada por el Poder Ejecutivo "estará basada en su unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la justicia civil y comercial federal".

"Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro", recalcó Alberto Frnández.

"Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con un más y mejor justicia", remarcó para luego anunciar medidas contra el narcotráfico y el delito organizado, en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, algo que el mandatario ya había adelantado días atrás en esa ciudad, al encabezar un nuevo aniversario del primer izamiento de la bandera nacional.

En ese sentido, Fernandez anticipó que junto a la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, se impulsará un "fortalecimiento" del accionar de la justicia federal penal en las "zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe".

Con la idea de "fortalecer" la actuación del Ministerio Público Fiscal y la "aplicación rápida del código acusatorio", el Presidente señaló que se buscará "reforzar" la creación de "nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito", además de la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) orientada a la "investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico", puntualizó.

El Presidente reservó el final del capitulo de su discurso sobre la reforma judicial para enviar un mensaje a la Corte Suprema de Justicia y anticipó que, en los próximos días, el Ejecutivo impulsará la conformación de un "consejo para afianzar la administración de Justicia en la República Argentina" que -detalló- integrarán "las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial".

Será -explicó- un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el "impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial", pero aclaró que todos los proyectos que proponga ese cuerpo "serán enviados a consideración del Congreso de la Nación".

Fue en ese contexto, en el que planteó la necesidad de "optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia", y propuso "repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público".