Mientras el gobierno de Milei busca negociar el Pacto de Mayo con los Ejecutivos provinciales, el Poder Judicial se transformó en otro espacio de disputa.
Por Canal26
Lunes 8 de Abril de 2024 - 08:56
El Poder Judicial se transformó en el instrumento predilecto de los gobiernos provinciales para reclamar a Nación por los recortes en ámbitos como educación, impuesto a las ganancias, cajas previsionales y transporte. Aunque no es seguro que las demandas presentadas en la Corte Suprema de Justicia terminen de fallar a favor de las provincias, son casos que no están paralizados y suman en total un monto por 1000 millones de dólares.
En total son 30 causas presentadas por 16 provincias. Mientras el gobierno de Javier Milei busca negociar el Pacto de Mayo para realizar reformas estructurales con los gobiernos provinciales, las causas avanzan: algunas ya tienen dictamen de la Procuración General de la Nación, lo que determina que son competencia originaria de la Corte; otros expedientes están en vocalías.
Los datos se conocieron por un relevo que hizo el diario La Nación con información del sitio web del Poder Judicial sobre causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el poder del Estado. En total, los reclamos totales suman 944.660.601.582 de pesos. Además, este monto no incluye a los 500.000 millones de pesos que le demanda la Ciudad de Buenos Aires al gobierno por coparticipación federal. Con la actualización de intereses, la cifra asciende a 1,2 billones de pesos, según el Ejecutivo porteño.
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Hay distintos motivos por los que se le reclama al Ejecutivo, pero todos corresponden a una falta o quita de fondos.
Algunos de ellos incluyen el pedido de inconstitucionalidad a la Corte, por parte de la provincia de Chaco, del decreto que modificó el impuesto a las ganancias. Por esta demanda, el distrito reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.
Por otra parte, Chubut pide 400 millones de pesos por el fondo del compensador del transporte, que le sacó Nación, además de 10.500 millones de pesos por la retención de su coparticipación. También esta provincia se sumó al reclamo por los cambios en el impuesto a las ganancias demandando otros 37.000 millones de pesos.
En este marco, Córdoba demandó al gobierno nacional por fondos retenidos de la caja de jubilaciones no transferida sumando unos 130.000 millones de pesos en tres causas. También Formosa le reclama al gobierno fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.
Corrientes, reclamó al Estado Nación por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, pide 68.000 millones de pesos.
Entre otros reclamos por Ganancias está Jujuy, por el fondo de transporte La Pampa, por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, La Rioja, incluyendo la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte. Además, Misiones y Río Negro demandaron a Nación por el recorte de fondos docentes.
Por otra parte, la provincia de Buenos Aires reclamó por el fondo de fortalecimiento fiscal, Santiago del Estero presentó otra demanda por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional. La Ciudad de Buenos Aires reclama, al mismo tiempo, por los fondos de coparticipación, así como un lugar para alojar a los prisioneros que están en las comisarías.
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Los numerosos reclamos aparecen en medio de las exigencias del gobierno nacional a la Corte Suprema para que dicte fallos que favorezcan su reforma del Estado. Entre ellos, que declare constitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, además de rechazar los pedidos contra el recorte de fondos nacionales para las provincias.
Esta situación se agravó con la media sanción en el Senado que rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo de 2024. En respuesta a este accionar de los legisladores, el Presidente de la República postuló a la Corte del juez federal Ariel Lijo el 20 de marzo, desatando una ola de críticas.
Tanto la postulación de Lijo, como del académico Manuel García-Mansilla, fue vista como una invitación a negociar en un tablero más amplio que la legislación. Esta situación ocurre por la vacante que deja la jueza Elena Highton en la Corte y la que ocurrirá el 29 de diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años. Al mismo tiempo, existen lugares libres en todo el Poder Judicial federal y nacional, en especial en la Cámara en lo Penal Económico (cuatro cargos vacantes).
Entre estas vacantes, hay tres en la Cámara Federal de Casación, la de cuatro juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, la de dos vacantes en la Cámara Federal porteña, sumados los cargos estratégicos en los juzgados federales de sus provincias: en Catamarca faltan dos jueces de tribunal oral federal; un juez federal electoral y dos camaristas federales en Chaco; otro juez federal en Chubut, más un camarista y dos jueces de tribunal oral federal, según informa el diario La Nación.
Por otra parte, el medio agrega que en Córdoba hay dos lugares disponibles en la Cámara Federal, una de un tribunal oral, pero el cargo estratégico es el de juez federal con competencia electoral. Lo mismo sucede en Corrientes y en Jujuy, donde también hay que designar a un juez federal. En Tucumán se busca juez federal electoral y en Mendoza pasa algo parecido, pues está vacante el juzgado federal con competencia electoral y hay tres lugares libres en la Cámara Federal.
Esto pasa en todas las provincias. En Santa Fe falta un camarista federal y dos jueces federales. Todo esto sin contar los 85 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su poder. Fueron retirados del Senado cuando ganó Milei y ahora debe volver a mandarlos. Debe elegir a un candidato de la terna que elevó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.
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