Ella tenía 13 años y ahora es la esposa del presunto tirador. Investigan si una infidelidad fue el móvil del doble crimen.
Por Canal26
Jueves 16 de Mayo de 2019 - 08:52
La Justicia uruguaya aceptó extraditar a Juan Navarro Cádiz, acusado por los asesinatos del diputado radical Héctor Olivares y el funcionario riojano Miguel Yadón, mientras que en el país se ampliaron las indagatorias de los otros cinco detenidos.
Navarro Cádiz, quien estaba dentro del vehículo al momento de los disparos, fue detenido en Uruguay el viernes último, un día después del crimen.
"El juez dictó sentencia de extradición" que fue "consentida por las partes (defensa, imputado y fiscalía)", explicó el fiscal del caso en Montevideo, Juan Gómez, y señaló que la aceptación del imputado permite un proceso más rápido.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que tras los disparos, del auto sale Juan Jesús Fernández, uno de los detenidos, y luego aparece un segundo hombre, Navarro Cádiz, quien arroja vainas servidas en un recipiente de basura.
Mientras se resuelve sy situación procesal, un medio santiagueño difundió que "El cebolla" ya había protagonizado otro escándalo policial hace siete años en esa provincia.
En 2012, el acusado de ser quien disparó a metros del Congreso se presentó en un hotel de la ciudad de La Banda y secuestró a una nena gitana que entonces tenía 13 años. Semanas después fue encontrado en Salta aunque, según el mismo medio local, la relación siguió.
La nena gitana admitió que se había fugado con el acusado porque estaba embarazada de él. Ahora, esa chica tiene 20 años y es la esposa de Navarro Cádiz. De acuerdo a la declaración de los testigos del doble crimen del Congreso, el tirador discutió con su mujer antes de efectuar los disparos.
Hasta el momento, Navarro Cadiz es el más implicado en el hecho, ya que el resto de los acusados lo señaló como el autor de los disparos desde el interior del vehículo.
Además, en su departamento se secuestró el arma calibre 40 que se utilizó en el ataque, según las pericias de la Policía Federal.
Mientras tanto, el juez intenta peritar los teléfonos del Olivares y Yadón para saber si habían recibido amenazas o bien tienen algún elemento que los vincule con los atacantes.
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