Cuadernos de coimas K: la historia de la remisería reclutada por el kirchnerismo

Cuando desembarcaron en la Casa Rosada, De Vido, Roberto Baratta y muchos otros funcionarios de los ministerios de Planificación, Economía y Producción se encontraron con una camada de unos 100 choferes que ya trabajaban para el Estado de forma tercerizada, a través de una "remisería" externa.

Esto fue consecuencia de cuando el Ministerio de Economía adjudicó el contrato a la sociedad Transcom Service SACI, una firma con domicilio en un edificio del partido de San Fernando, sin local a la calle, que se dedicaba exclusivamente a ofrecer viajes para los funcionarios públicos.

Los choferes de Transcom le facturaban a la empresa, que, a su vez, le cobraba al Estado nacional por el servicio. Fue en esa empresa donde Oscar Centeno fue a pedir trabajo.

Al llegar al trabajo, debía poner su auto al servicio del Estado y se le asignó un secretario de Estado. En el caso de Centeno, se le asignó a Roberto Baratta, y allí quedó afectado de forma permanente.

Según cuenta LA NACION, uno de los choferes relató que uno de los colaboradores de De Vido le ofreció US$500.000 para hacerlo cómplice de las recorridas en busca de coimas. El ecfuncionario le dejó tres días una valija con fajos termosellados en el baúl del auto aunque el chofer rechazó el ofrecimiento.

Los choferes "fieles" tenían su recompensa, esto signfica que recibían "préstamos" de dinero, que les solucionaran problemas con el Estado y hasta les podían conseguir un préstamo hipotecario exprés si necesitaban construir su casa.

Jorge Bacigalupo, el hombre que tuvo la confianza de Centeno y que entregó los cuadernos, habría tenido al menos un auto a nombre suyo, adquirido por Centeno.

El contrato con Transcom Service se renovó varias veces durante el gobierno kirchnerista hasta que, en la última etapa, la Casa Rosada decidió emplear directamente a los choferes sin intermediación de la remisería. El contrato de Transcom finalizó en 2014.

Tras la finalización del contrato, el Estado compró una flota de vehículos a través de una operación de leasing y absorbió a los choferes. La "remisería" perdió su razón de ser, entró en crisis y finalmente demandó al Estado por $1 millón.

Muchos de estos conductores quedaron en la planta del Estado y trabajan actualmente en los ministerios de Energía y de Interior y en la Jefatura de Gabinete, según los registros oficiales.