Comisión de Diputados: finalizó la primer jornada de proceso para tratar el Juicio político a la Corte Suprema

Tratamiento en Comisiones. Foto: NA.

Este jueves comenzó el tratamiento en ámbitos parlamentarios del proceso para remover a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó pasadas las 11 y dio inicio al fuerte debate que surge en función de un proyecto activado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos.

La comisión presidida por la diputada Carolina Gaillard (del Frente de Todos, por Entre Ríos) analizó los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Apenas comenzada la reunión, Gaillard procedió a la lectura de las acusaciones contra quienes conforman el máximo tribunal de Justicia.

Tras la introducción formal de la presidenta de la Comisión, habló Omar De Marchi, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza. Dijo el legislador: “Esta puesta en escena que nos ofrece el presidente, el principal impulsor de este circo, tiene varios objetivos. El primero es no hablar de los problemas importantes del país. Y el segundo, a juzgar por los acontecimientos, es que la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir la Justicia de la Argentina”.

Luego se manifestó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, y dijo: “Venimos con la intención de debatir todo lo que haya que debatir. No veníamos con la intención de hacer consideraciones políticas. Creemos que estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”.

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El escenario

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

Se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

Integrantes de la Corte. Foto: NA.

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La oposición

Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que "la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recuerdan que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional".

Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron ayer con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará hoy para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que "Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum" y dijo que "el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo".

"Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad", expresó y señaló que "el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal".

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

"El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante", añade el documento.

Agrega que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".

"Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada", señalan los diputados en el proyecto.