Hay en la mira contratistas y empleados del gobierno porteño, aunque la causa no avanza en tribunales. La sobrina del juez Irurzun, que intervino en el caso, figura como aportante.
Por Canal26
Domingo 10 de Febrero de 2019 - 13:52
La causa por aportantes de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri, aún no define cuál será el juez federal que la llevará a cabo.
Varias de las empresas cuyos empleados y ejecutivos figuran como aportantes de la campaña de 2015, ganaron millones en contratos con el Estado porteño y nacional según relevamiento de la ONG La Alameda y el dirigente Gustavo Vera.
La Justicia ahora debe investigar si esos aportes son falsos. Pero además, detectaron que el oficialismo presentó en esa campaña aportes de 1.147 empleados del gobierno porteño.
Ahora se investigan presuntas dádivas en forma de contratos y licitaciones a empresas proveedoras del Estado porteño que habrían canalizado fondos a la campaña a través de sus ejecutivos y empleados; y la presunta utilización de empleados públicos para blanquear aportes de origen desconocido.
El expediente recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, pero se la envió al juez Ariel Lijo, quien deberá confirmar si asume el caso.
La Alameda identificó a decenas de empleados de empresas contratistas que contribuyeron supuestamente con $ 5.247.215 a la campaña de Macri.
Entre 2015 y 2018, esas empresas ganaron contratos con la Ciudad y Nación por $2.587.446.537 y por lo menos, hay cuatro compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción.
Hace poco se conoció el caso de Brenda Osso, ex empleada de la empresa de seguridad Murata SA, quien logró darse cuenta de que su nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo figuraban en la lista de aportantes de esta campaña.
El dueño de Murata, Roberto Raglewski, admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña según palabras de Osso a Perfil. En 2015, antes de la victoria de Macri, Murata ganó licitaciones en el gobierno porteño por $ 1.271.154.650 para custodiar bienes y a eso hay sumarle que en 2018, obtuvo dos contratos por $ 55.814.398 en el Estado nacional.
Otra de las empresas sería Briefing Security. Empleados de esa empresa, aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año. Entre 2015 y 2016, la compañía de seguridad ganó licitaciones por $ 1.104.794.381 con el gobierno de la Ciudad.
Sistemas Complejos de Seguridad ganó en 2016 licitaciones por $ 11.601.727 tres empleados de la firma aparecen aportando dinero a la campaña presidencial.
Miavasa SA, que ganó una licitación por $ 55.104.908 en 2017 con la Ciudad, tiene cuatro empleados o ejecutivos que figuran aportando dinero a la campaña 2015. La empresa se defendió, sosteniendo que su política es no aportar fondos a campañas electorales, como marca la ley, y que sus ejecutivos deben haber aportado a título personal.
Econovo (antes Oscar Scorza), ganó una licitación con la Ciudad por más de $ 32 millones en 2015, no habló tras conocerse que ocho empleados figuran aportando a la campaña de Macri. Además de estos se ejemplos se encuentran Eva SA, Evassa SA y Lurovial SRL, en cuyas sedes no fue posible conseguir una respuesta.
Una de las aportantes a la campaña del gobierno porteño es Sol Irurzún, sobrina de Martín Irurzún, juez que el lunes pasado decidió apartar a Casanello de la investigación. Sol figura como empleada del gobierno porteño desde abril de 2013 u parece tres veces en los aportes a la campaña 2015 con un total de $ 31.500.
Ahora la Justicia tendrá que investigar si los empleados de la Ciudad aportaron dinero o si sus nombres fueron utilizados para blanquear dinero de origen desconocido.
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