El Estado argentino reconoció su responsabilidad "por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación" de las víctimas del atentado.
Por Canal26
Sábado 15 de Octubre de 2022 - 08:23
Foto: N/A
El Estado argentino reconoció su responsabilidad "por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación" de las víctimas del atentado contra la AMIA en 1994:
"el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires", dijo frente a los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la representante argentina Natalia D´Alessandro. El organismo judicial sesionó jueves y viernes en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
La funcionaria dijo que "el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires".
El allanamiento a la demanda presentada por la agrupación de familiares y víctimas del atentado Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) identificó a los responsables de las omisiones del Estado argentino. "Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno", admitió D’Alessandro, titular de la Unidad Especial AMIA.
Así, ese contexto, el Estado admitió haber cometido "la mayor bajeza institucional desde el retorno de la democracia", al pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía.
D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, le pidió a la Corte Interamericana que "acepte el reconocimiento de responsabilidad internacional" por parte del Estado argentino y "fije las reparaciones" a las que deberá someterse.
Por su parte, en el alegato de la querella, la abogada del CELS Paula Litvachky afirmó que "quedó claro en esta audiencia que el Estado por sí mismo no fue capaz de averiguar la verdad" y siguió, "Peor que eso: el Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica, de esa verdad que Diana (Wassner, viuda por el ataque a la AMIA) necesitaba contarle a sus hijas", añadió.
"Estamos acá por todas las vidas perdidas, por los que fueron forzados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones que vendrán. Estamos acá porque no queremos que haya que luchar 30 años para obtener lo que corresponde. Como dijeron Diana y Adriana (Reisfeld, hermana de otra víctima mortal): verdad y justicia", insistió.
"Estamos acá porque necesitamos que esta Corte fije estándares relevantes para este caso y para la región, y disponga las medidas de reparación que solicitamos", resumió.
De esta manera, la Corte Interamericana quedó en condiciones de emitir su fallo respecto del reclamo de las víctimas del atentado. El reclamo fue llevado por la Asociación Civil Memoria Activa.
#AMIA Memoria Activa en la @CorteIDH.
— Memoria Activa (@MemoriaActiva) October 14, 2022
Después de 28 años de lucha hemos llegado a la última instancia posible para acercarnos a la verdad y la justicia. Esperamos que así sea.
Gracias por acompañarnos en esta lucha que es de todos.
Comunicado: https://t.co/o26b1vLW2H pic.twitter.com/2xsoWbr3qV
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Ocurrido en la mañana del 18 de julio de 1994, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
Ese día, un coche bomba arrasó con la sede de la AMIA del barrio de Once de Buenos Aires, un hecho que aunque es atribuido a miembros del entonces Gobierno de Irán y de la organización islamista libanesa Hizbulá, no cuenta hasta ahora ni con detenidos ni condenados, a pesar de seguir vigentes diversas órdenes internacionales de arresto.
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