A la espera de lograr quorum, Diputados debate Ley de Emergencia Económica

Cámara de Diputados, Congreso, NA

El Frente de Todos logró ayer la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández y hoy concentrará los esfuerzos en reunir quórum para iniciar la sesión especial en el recinto, donde buscará encaminar la media sanción.
 

Tras un debate que se desarrolló desde la mañana de ayer en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.
  

La sesión de hoy está prevista para las 15:00, pero una hora antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.
  

Fue luego de una negociación que gestionó Juntos por el Cambio, que ya había decidido no dar quórum para el proyecto de emergencia pero no quería recibir acusaciones de presunta actitud "antidemocrática" por no permitir que juren los nuevos diputados.
  

A sabiendas de que el proyecto "ómnibus" estaba generando fuerte resistencia en la oposición, y que el oficialismo tenía un número muy ajustado para ir al recinto, con el riesgo de que se cayera la sesión, el Gobierno dio luz verde por la mañana para eliminar el artículo 85 que apuntaba a reorganizar la estructura del Estado.
  

El gesto cayó bien en la oposición pero no alcanzó para torcer la voluntad de Juntos por el cambio, que la noche anterior ya había definido la estrategia de retacear el quórum.
  

En cambio, sí acompañó el dictamen con disidencias el interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que se descuenta que este jueves bajarán al recinto para colaborar para el inicio de la sesión.
  

La jornada comenzó con la exposición de los funcionarios de las áreas de Gobierno involucradas, que llegaron al Congreso para defender la medida: Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo) Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Mercedes Marcó del Pont (AFIP), además de secretarios de Estado.
  

"Este proyecto de ley es el primer paso como marco general para encender la economía con un criterio de solidaridad. Los esfuerzos hay que pedirlos a los que se les puede pedir. Hay otros sectores a los que no se les puede pedir nada más", esgrimió Kulfas.
  

Sobre los derechos de exportación, el funcionario ratificó que la intención es establecer un tope del 33% para el segmento de porotos de soja y hasta un 15% para otros productos agroindustriales, y un 8% en hidrocarburos.
  

Al respecto, el diputado nacional de la UCR Atilio Benedetti expresó su indignación al señalar que de esta forma se estaría plasmando una "pesada, desigual e inequitativa carga impositiva" que redundaría en una "reducción de la producción" agropecuaria, afectando la generación de divisas.
  

El diputado del Frente de Todos Ignacio de Mendiguren comparó la actual coyuntura de crisis con la del 2002, cuando él era funcionario de Eduardo Duhalde, y le pidió a la oposición de Juntos por el Cambio que colabore para encontrar una salida.
  

"La oposición no es un paracaidista ruso, algo tiene que ver con la crisis en la Argentina", chicaneó.
  

El diputado nacional del PRO Luciano Laspina cuestionó la iniciativa y resaltó que el artículo 29 de la Constitución señala que "el Congreso no puede delegar la suma del poder público en el Poder Ejecutivo".
  

También cuestionó la suspensión de la movilidad para las jubilaciones que estén por encima de la mínima, al advertir sobre el peligro que implicaría dejar librada la fijación de los haberes en la "discrecionalidad" del Poder Ejecutivo, además de contribuir a un "achatamiento de la pirámide" previsional.
  

Al respecto, Moroni aclaró que no habrá un congelamiento de los haberes jubilatorios, si bien el foco prioritario estará puesto en los jubilados de la mínima.
  

El funcionario también ratificó que el Estado se reservará la posibilidad de introducir "incrementos salariales mínimos" en el sector privado, para apuntalar a aquellos sectores gremiales que no hayan podido acceder a acuerdos razonables en las negociaciones paritarias.