Vivir con miedo: el relato de cinco víctimas tras liberación de los presos que arruinaron sus vidas

Ariel Strajman, víctima de secuestro en 2004

Miedo, indignación y bronca viven las víctimas de los presos que son beneficiados con la prisión domiciliaria con el pretexto del coronavirus.

A continuación, cinco historias terribles que marcaron la vida de las víctimas para siempre y hoy ven cómo salen de prisión.

Carlos Rodrigo Oulier (40) estaba procesado y encarcelado hace poco más de un año acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y exhibición de material pornográfico” contra su hijo.

Su defensa pidió la prisión domiciliaria alegando que padece un cuadro de asma crónico que no puede ser atendido en un ámbito carcelario. El juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, se la concedió. Ahora Oulier está en la casa de los padres, a sólo 20 cuadras de donde reside la víctima junto a su madre.

Carlos Rodrigo Oulier (40) estaba procesado y encarcelado hace poco más de un año acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y exhibición de material pornográfico” contra su hijo.

Su defensa pidió la prisión domiciliaria alegando que padece un cuadro de asma crónico que no puede ser atendido en un ámbito carcelario. El juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, se la concedió. Ahora Oulier está en la casa de los padres, a sólo 20 cuadras de donde reside la víctima junto a su madre.

Por su parte, Néstor Luis Ibars fue condenado a 7 años de cárcel el 12 de noviembre de 2015 por el abuso de una joven con retraso madurativo. La chica vivía en un hogar de abrigo de Bahía Blanca y los fines de semana un familiar la iba a buscar para llevarla a su casa y a otro domicilio, ubicado en Punta Alta, donde era atacada sexualmente

En este último lugar se encuentra viviendo Ibars desde el 7 de abril. Fue uno de los primeros beneficiados con las prisiones domiciliarias por el COVID-19​. Lo excarcelaron bajo la supervisión del Patronato de Liberados y del área social de la Unidad Penal 19 de Saavedra, donde estaba alojado desde el día de su condena.

En tercer lugar, Claudio "Toro" Martínez (57) es el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte​ y está procesado, acusado de encubrir la masacre que tuvo como víctimas fatales a tres adolescentes y un joven en esa ciudad. En ese episodio, la Policía persiguió a los tiros a un auto en el que viajaban Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14), quienes murieron luego de chocar contra el acoplado de un camión en la Ruta 3. También sufrió lesiones graves Rocío Quagliarello (14), única sobreviviente.

La madrugada del episodio, Martínez les negó a los familiares que haya habido tiros en la persecución. Pero además, en la causa penal en la que está procesado por "encubrimiento agravado" y "falsedad ideológica", lo acusan de querer ocultar los videos del centro de monitoreo municipal que mostraban cómo fue la persecución.

El funcionario es el único que consiguió la prisión preventiva de los cuatro imputados que la pidieron invocando la pandemia.

También mencionamos a Carlos Dalmasso (62), empresario de Eldorado condenado a 12 años y medio de prisión por abuso sexual, amenazas y exhibición de material pornográfico a sus hijos adoptivos menores de 14 años, fue beneficiado con la prisión domiciliaria cuando lleva cumplida apenas la mitad de la pena. La medida la tomó el Tribunal Penal de Eldorado por “la emergencia epidemiológica y sanitaria”. Y le ordenaron que usara una tobillera electrónica. Pero en el entorno de su ex pareja dudan que la esté usando, ya que lo habrían visto por la calle.

Emilce, ex pareja de Dalmasso y denunciante, dijo: “Los que fuimos víctimas de esta persona estamos indignados” y señaló que el tribunal “nunca” les “informó de este pedido de la defensa”.

Por último, Pablo César Sommaruga, ex integrante de “La Banda de los Patovicas” y condenado a 18 años de prisión por el secuestro extorsivo y torturas al hijo de un joyero en Pilar en 2002, goza de la prisión domiciliaria desde el 27 de abril por el coronavirus.

Ese día abandonó la Unidad Penal N° 14 de Esquel gracias al beneficio que le concedió el juez José Pérez Arias, del juzgado de Ejecución Penal N° 1, y fue al domicilio que fijó en el barrio Badén de esa localidad de Chubut.