Funcionarios falsificaban documentos y se apropiaban de casas en plena sucesión

Gustavo Edmundo Schmitt. Foto: redes sociales.

Una banda se dedicaba a buscar propiedades de personas fallecidas de las que sus familiares no habían hecho sucesión u otras que no tenían la documentación al día. La información era aportada por algunos funcionarios del Registro de la Propiedad y de Catastro. Posteriormente, cuando ya tenían los papeles, los falsificaban y ponían los bienes a su nombre.

Entre los acusados hay un fiscal, funcionarios y una abogada, que están inculpados por asociación ilícita, estafa y adulteración de documentación pública, luego de cuatro denuncias.

Las operaciones eran llevadas a cabo en localidades cercanas a la ciudad de Corrientes. En ese sentido, la jueza de Instrucción María Josefina González Cabañas Morales fue quien analizó las denuncias y quien procesó a 18 personas que podrían estar implicadas en el caso, según una investigación de Ernesto Azarkevich, publicada en Clarín.

Las personas funcionales para detectar las propiedades que no tenían todos los papeles al día o que estaban en sucesión, eran directivos del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Dirección de Catastro.

Cuando tenían todos los datos en su poder, armaban documentos falsos y comenzaban los trámites ante la Justicia Civil o tramaban ventas para luego mostrar los documentos ante Catastro y el Registro, donde estaba la otra parte de la banda. Incluso, algunas ventas se hacían a través de inmobiliarias.

Para los investigadores, el rol de la escribana Teresa Olinda Vázquez, quien está prófuga desde fines del 2021, cuando se conoció todo el escándalo, fue fundamental dentro de la banda, ya que tenía vínculo con el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz, según se sabe de escuchas telefónicas.

El fiscal detectó, a través de Vázquez, una propiedad que pertenecía a personas que ya habían muerto y que sus herederos no habían comenzado los trámites de sucesión. Schmitt Breitkreitz empezó un trámite de prescripción adquisitiva ante la Justicia Civil, pero como recibió un fallo desfavorable, acudió nuevamente a Teresa Olinda Vázquez. La mujer hizo uso de un poder falso y proyectó una venta a Domingo Sebastián Billordo, que después este le transfirió unos 50 lotes al fiscal y a la abogada Virginia Aquino. El hombre se enteró de todo eso cuando fue citado a indagatoria.

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Denuncias y estafas en Corrientes

Luego de que se filtró esta información, Pedro Antonio Verón, el jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, realizó una denuncia penal a modo de cubrirse de su responsabilidad dentro de la estafa y, además, cubrir a María Eugenia Demetrio, que en ese momento era la directora de ese organismo.

Otra persona que estaría vinculada en estas estafas, a criterio de la magistrada, es la escribana Gladis Dionisia Baez, que tiene al menos quince denuncias por falsificaciones de documentos, uso irregular de documentos públicos, falsificaciones, entre otras cosas. También tiene una condena en el fuero federal.

La jueza que lleva adelante la causa necesitó más de 630 carillas para describir cómo operaba la banda y los delitos que cometió cada uno de ellos.

Por el delito también fueron procesados la escribana Báez, Mario Faustino Espíndola, Liliana Griselda Ortíz, Alberto Iván Bordón, Carolina Elizabeth González, Carolina Beatriz Giles, Alba Cristina Zamudio, Pedro Antonio Verón, Narciso Santín Toffoletti. Algunos de los nombrados también fueron acusados por estafas y uso de documentos públicos falsos.