Un año del intento de golpe de Estado a Lula da Silva: ¿Cómo avanza la Justicia brasilera?

Asalto en Brasilia. Foto: EFE.

Se cumple un aniversario del intento de golpe de Estado en Brasil con un asalto a los tres poderes brasileros por parte de los simpatizantes de Jair Bolsonaro a días de asumir Luiz Inácio Lula da Silva la presidencia del país. Aunque por el momento ningún alto dirigente de esa acción está encarcelado, las causas judiciales en la Corte Suprema avanzan rápidamente. 

Por el momento hay 1.413 denunciados, 66 presos y 30 condenados. Entre el 8 de enero de 2023, cuando miles de militantes de extrema derecha invadieron y destruyeron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en su intento de producir un golpe militar, y el 9 de ese mes, se arrestaron a 2.170 personas en Brasilia.

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A partir del mes de febrero, el Supremo le dio la libertad provisional a la gran mayoría de los detenidos actualmente tan solo quedan 66 prisioneros: 8 condenados, 33 imputados como "ejecutores" del asalto -dos de ellos están en un psiquiátrico- y 25 por sospechas de financiar o alentar el golpe.

Además, el Supremo dictó la primera sentencia el pasado 14 de septiembre contra un antiguo funcionario de la empresa de aguas de São Paulo. El hombre recibió 17 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe. Desde ese momento, la Justicia condenó a 30 personas, con penas de entre 3 y 17 años de prisión.

Asalto al poder en Brasil. Foto: EFE.

"La lección es que actos criminales como estos tienen consecuencias. No es posible minimizar o relativizar lo sucedido", expresó recientemente el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso.

Por otra parte, Maurício Zanoide, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo, dijo que tienen que haber "penas altas" para los imputados, pues los hechos fueron "muy graves" contra "un bien jurídico muy importante: las instituciones democráticas".

Roberto Dias, profesor de Derecho Constitucional en la Fundación Getulio Vargas, comentó a la agencia de noticias EFE que las causas se aceleran "de forma ejemplar" y que "era necesaria una reacción dura".

Además, en la Justicia Militar, hay tres procesos abiertos. En uno de ellos se condenó a un coronel de la reserva del Ejército a 1 mes y 18 días de reclusión por injurias a sus superiores. El segundo está en instrucción y tiene por objetivo otro coronel y el tercero es una pesquisa a un capitán de la Marina, según el Tribunal Superior Militar.

Lula da Silva. Foto: Reuters.

En este marco, la Fiscalía denunció formalmente a 1.413 personas, entre incitadores, ejecutores, agentes públicos y un financiador. Sin embargo, el Supremo suspendió en agosto de 2023 la tramitación de más de 1.000 querellas y ofreció la posibilidad de cerrar acuerdos de colaboración con los acusados. En diciembre validó los primeros 38 acuerdos.

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Situación pendiente con los peces gordos del asalto

Sin embargo, respecto a los autores intelectuales de la tentativa de golpe se puso en marcha la "Operación Lesa Patria" a partir de la que se hicieron 367 registros en busca de pruebas.

Existen dos figuras clave en la trama: Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y en cuya casa se encontró un borrador de decreto para anular la victoria electoral de Lula; y el teniente-coronel Mauro Cid, antiguo asistente del exmandatario (2019-2022).

Jair Bolsonaro. Foto: Reuters.

Ambos estuvieron un tiempo en prisión, pero ahora gozan de libertad. Mientras, Bolsonaro es investigado. El posible rol del dirigente ultraderechista, que estaba en Estados Unidos el 8 de enero, es una incógnita.

Zanoide resalta a EFE que los "grandes urdidores" deben ser "tan severamente castigados" como los que fueron a los poderes, pero sin "caza de brujas". Dias también pide ir atrás de los "peces gordos", entre los que incluye a políticos y militares, y, en ese marco, cree que, si se cumple la ley, Bolsonaro "será duramente procesado".

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Al mismo tiempo, el bolsonarismo se articula en el Congreso para sacar adelante una amnistía que beneficie a los acusados. Los investigados también formaron la "Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de enero".

Ezequiel Silveira es uno de los abogados y afirma que no se respetó el debido proceso legal de sus clientes. "Queremos un juicio justo que respete la ley", expresó a EFE. Silveira denunció esas presuntas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según él, la tesis del golpe es "una narrativa" inventada.