Por violar estado de derecho, Comisión Europea pide frenar 7.500 millones de Euros para Hungría

Viktor Orban, primer ministro húngaro. Foto: Reuters.

No soplan vientos favorables para Hungría y el Gobierno de Viktor Orbán, su primer ministro. La nación de Europa está en la mira del bloque continental, y las objeciones se centran muy especialmente a la violación sistemática del estado de derecho en ese país.

Lo que más se objeta a Hungría es lo poco y nada que hace en la lucha contra la corrupción y también sobre la "pasividad" (o acaso complicidad) en la poca o nula transparencia en los procesos de licitaciones públicas.

Con este marco, la Comisión Europea ha reclamado este domingo congelar un gran desembolso de fondos estimados en un valor de 7.500 millones de Euros en concepto de ayuda para su maltrecha economía.

Bruselas exige de manera clara y concreta "suspender el desembolso del 65 % de los compromisos de tres programas operativos de la Política de Cohesión por un importe estimado de 7.500 millones de euros, lo que supone más de un tercio de la dotación de cohesión de Hungría", informó en una rueda de prensa el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn. Se decidió dar este paso a la espera de que el Gobierno húngaro de Viktor Orbán implemente las reformas prometidas para resolver las deficiencias que detectaron las autoridades comunitarias y que supusieron la activación del expediente.

“Nuestra conclusión es que las medidas correctoras propuestas podrían, en principio, resolver los problemas descritos en la notificación si se especifican correctamente en las leyes pertinentes y se aplican en consecuencia”, dijo Hahn, quien sin embargo alertó de que “aún quedan por determinar y evaluar importantes detalles”.

“Por lo tanto, la evaluación de la Comisión es que sigue habiendo un riesgo para el presupuesto en esta fase”, determinó.

Hahn recordó que este caso comenzó cuando la CE notificó a Budapest en abril su preocupación por las infracciones de los principios del Estado de Derecho, en el contexto de que podían suponer un riesgo para el buen uso del presupuesto comunitario.

Se refirió en concreto a irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencias en el tratamiento de los conflictos de intereses en el ámbito público, carencias en el seguimiento efectivo de las investigaciones y actuaciones judiciales en casos relacionados con fondos y deficiencias en la lucha contra la corrupción.

En julio, la Comisión informó a Hungría de que propondría medidas al resto de países de la UE para proteger el presupuesto comunitario, a no ser que desarrollara medidas correctoras adecuadas para solucionar el problema, y a partir de ahí Budapest se comprometió a adoptar 17 iniciativas.

“Con estas medidas, Hungría ha asumido compromisos importantes y públicos en la dirección correcta”, celebró Hahn, quien elogió ese “compromiso constructivo, aunque sea tardío”, pero advirtió a su vez de que “lo que cuenta son los resultados”.

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Los pasos que siguen

La congelación de los fondos tiene que ser ahora aprobada en el plazo de un mes por el resto de Estados miembros por mayoría calificada, lo que supone que Polonia -el gran socio de Hungría en estos asuntos- no tiene capacidad de veto. Sin embargo, este plazo puede extenderse otros dos meses: Hahn explicó que a más tardar el 22 de septiembre presentarán su propuesta a los Estados miembros y les pedirán de hecho ampliar el plazo para que se pronuncien, ya que “la hoja de ruta que hemos acordado con los húngaros para cumplir realmente con estos 17 elementos clave necesita cierto tiempo”.

Budapest se ha comprometido a informar plenamente a la Comisión sobre la aplicación de las medidas correctoras antes del 19 de noviembre, según fuentes comunitarias. Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.

Comisión Europea. Foto: Reuters.

La Comisión Europea activó a finales de abril el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho, que fue acordado en las negociaciones del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y que no había sido utilizado antes. Hungría y Polonia llegaron incluso a bloquear aquellas negociaciones por su oposición a dicho mecanismo y recurrieron ante la Justicia europea, pero más tarde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el mecanismo.

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Otros fondos en riesgo

La Comisión podría, si Hungría no cumple con lo pactado, ampliar el porcentaje de fondos que permanecerían suspendidos, apuntaron fuentes comunitarias. Además, la deriva autoritaria de Orbán mantiene congelada la aprobación del plan húngaro de recuperación pospandemia, por el que el país podría recibir unos 5.800 millones de euros. Aunque no existe un vínculo formal entre ambos, la Comisión Europea ve difícil la aprobación del plan de Hungría si el país tiene abierto un expediente de suspensión de fondos por vulnerar el Estado de derecho.

En este sentido, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, advirtió recientemente de que el reglamento del fondo de recuperación estipula que los planes deben estar aprobados formalmente antes de que acabe 2022, por lo que los recursos asignados a Hungría podrían perderse. La decisión de la Comisión, que se tomó en domingo ante la imposibilidad de los comisarios de reunirse el próximo miércoles por incompatibilidades de agenda, se ha producido en la misma semana en la que el Parlamento Europeo advirtió de que Hungría es ya "un régimen híbrido de autocracia electoral" y no una democracia.